¿Otra reforma fiscal?
Se apunta por algunos que se pretende elevar la carga impositiva de las grandes empresas; pero puede ser que la carga se haga recaer sobre los mismos
Hay quien se está rasgando las vestiduras porque no se ha aprobado una ley desde hace nueve meses, cuando los aplicadores del derecho todavía están tratando de asimilar el exceso de leyes de la pasada legislatura, incluidas las de urgencia (Decretos-leyes). Nuestros políticos no han tomado nota del sabio consejo de buen gobierno que hace siglos le daba don Quijote a Sancho: “No hagas muchas pragmáticas, y si las hicieres, procura que sean buenas…” Seguramente buena parte de nuestros legisladores sean tan duros de mollera como Sancho.
En cada legislatura se anuncia, a bombo y platillo, una reforma fiscal que venga a solucionar todos los males del sistema tributario. Así se hizo en 2013, por orden o indicación (“recomendación”) de Bruselas: España debe “llevar a cabo una revisión sistemática del sistema tributario para marzo de 2014”. Se creó incluso una comisión de expertos para la reforma, que se quedó perpleja al ver cómo, a las pocas horas de su presentación, su informe fue a parar a la papelera. Se reformó el IRPF y el impuesto sobre sociedades y se anunciaron y ejecutaron bajadas de impuestos a las que se achaca el incumplimiento de los objetivos de déficit por los que Bruselas ha estado a punto de infligirnos una buena sanción.
Tan poco éxito tuvo la reforma que al poco tiempo los especialistas comenzaron a criticarla. De sistemática, como recomendó Bruselas, no tuvo nada. Cualquiera que conozca el sistema tributario español y su falta de coherencia, acumulada por los desaguisados y despropósitos asestados durante años, convendrá en que hacían falta más juristas en la referida comisión (solo uno de los nueve miembros). Esta presencia minoritaria de juristas se nota a lo largo de todo el informe. Brillaron por su ausencia las consideraciones relacionadas con la seguridad jurídica y la técnica normativa. Se recordó entonces (profesora Villar Ezcurra) que “es fácil realizar una crítica a nuestro modelo de imposición, que hace muchos años dejó de constituir un verdadero sistema –que implica orden y coherencia– a pesar de que la sistematización jurídica sea el factor clave de igualdad y de economía”.
El impuesto sobre sociedades de la reforma ha llegado a calificarse, en su configuración actual, como un tributo virtualmente inútil. Ya se percibe un runrún de su inminente reforma (en cuanto se puedan aprobar pragmáticas) para atajar los déficits de recaudación. Se apunta por algunos que se pretende elevar la carga impositiva de las grandes empresas; pero puede ser que la carga se haga recaer sobre los mismos, es decir, se siga esquilmando el mismo caladero, pues a efectos fiscales en España se considera gran empresa a la que en el ejercicio anterior tenga un volumen de operaciones escasamente superior a seis millones de euros. Es decir, la clase media empresarial puede ser la que pague los platos rotos, mientras que las grandes empresas (por volumen) se sigan yendo de rositas. Esto no se atajará mientras no se diseñe un impuesto que contemple, para todos, amplias bases imponibles con tipos impositivos suaves y supresión de beneficios o incentivos fiscales.
"Aunque los tipos impositivos son superiores a la media europea, el impuesto de sociedades recauda por debajo”
Un reciente trabajo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que reflexiona sobre la fiscalidad de las grandes empresas multinacionales en España, señala que “España cuenta con un sistema impositivo muy ineficiente, con una recaudación escasa y mucho más volátil que la actividad económica. La causa principal de la baja recaudación se encuentra en la gran cantidad de deducciones, exenciones y demás beneficios fiscales que presenta nuestro sistema impositivo, que reducen las bases imponibles y hacen que la recaudación sea baja, incluso con nuestros altos y distorsionantes tipos impositivos. Así, aunque los tipos impositivos en España son superiores a la media europea, el impuesto de sociedades en España recauda muy por debajo de la media europea”.
Para Fedea, “resulta prioritario, en consecuencia, que España aborde una reforma en profundidad del impuesto encaminada a eliminar todas o la mayoría de las deducciones fiscales existentes para permitir una reducción significativa de los tipos legales del impuesto, en línea con la media de la OCDE. No podemos escudarnos en la falta de cooperación internacional para no acometer ninguna reforma y perpetuar las distorsiones que el impuesto actual está generando”.
Las urgencias a las que próximamente nos someterá Bruselas para que cuadremos nuestras desastrosas cuentas públicas volverán a provocar decisiones legislativas apresuradas y poco meditadas, sin debate público previo. De nuevo, muchas y malas pragmáticas.
Isaac Ibáñez García es abogado.