La Guardia Civil detiene a 10 personas por estafar con acciones alemanas
Al menos 200 pequeños inversores españoles han sido víctimas de una estafa, cifrada en 50 millones de euros, tras haber sido captados por una organización que les convencía para que compraran acciones fraudulentas que cotizaban en el mercado Xetra, la plataforma electrónica de la bolsa alemana.
La Guardia Civil ha desmantelado esta red y detenido en Barcelona a diez personas e investigado a otras dos en la operación Inversionis, que ha destapado una estafa a gran escala tras más de tres años de una compleja investigación que ha necesitado comisiones rogatorias a terceros países y el apoyo de la Agencia Tributaria, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Fue en enero de 2013 cuando los agentes iniciaron las pesquisas tras la denuncia de un empresario guipuzcoano, quien aseguró haber sido víctima de una estafa en inversión de capital en el mercado Xetra, según ha informado hoy la Guardia Civil
Posteriormente, se tuvo conocimiento de que había otros 200 afectados en varias provincias españolas, aunque la Guardia Civil cree que esta cifra podría ser superior porque algunos de los estafados, convencidos de que su dinero había sido depositado en una inversión legal, atribuían su pérdida al riesgo que asumían y no se han personado en la causa.
Empresarios y profesionales que se anunciaban en las páginas amarillas o en internet han sido los afectados por una estafa de entre 10.000 y 300.000 euros según los casos.
Una vez captados por “operadores” que decían trabajar desde Alemania y Francia para firmas ubicadas en esos países, las víctimas de la red acababan comprando las acciones que les aconsejaban, y su dinero iba a parar finalmente a las cuentas que otros miembros de la organización tenía en paraísos fiscales o de baja fiscalidad. Desde esas cuentas, la red recibía una comisión que era ingresada en otras de su titularidad.
Según el resultado de las pesquisas, los autores de la estafa alteraban el mercado de valores creando un movimiento de compra y venta de las acciones que ofrecían a los clientes, a quienes instaban a ver las gráficas de la web oficial del Xetra para dar credibilidad a su inversión.
Para dificultar la posible labor policial, los miembros de la red operaban desde España pero decían hacerlo desde Alemania, Francia o Suecia, por lo que para captar a sus “clientes” o víctimas utilizaban números de teléfono de esos países cambiando la ubicación de las líneas telefónicas con un software que modificaba su localización.
Un sistema de comunicación telefónica que solo permitía realizar llamadas salientes, pero nunca entrantes. En esas conversaciones telefónicas, los miembros de la red usaban pseudónimos, pero algunos datos aportados por las víctimas permitieron efectuar registros y conocer la identidad real de los estafadores.
En esas comunicaciones con los potenciales “clientes” los detenidos se hacían pasar por empleados de empresas dedicadas a la venta de acciones, en algunos casos legales y autorizadas para operar en los mercados de valores, y en otros casos, ficticias. La investigación determinó también la existencia de sociedades pantalla para dar cobertura a la actividad de la red.
Y comprobó también que la organización disponía de poco tiempo para ofrecer las acciones que colocaban en el Xetra, porque enseguida perdían todo su valor y eran expulsadas del mercado cuando el regulador alemán observaba que no cumplían con la normativa. Antes de que esto sucediera, los “operadores” de la red ofrecía a las víctimas acciones sustitutivas de las anteriores.
Se trata, según la Guardia Civil, de un “modus operandi” delincuencial novedoso en España, al alternar elementos legales, como invertir desde cuentas de valores, usar mercados financieros reales como el Xetra o crear sociedades emisoras de acciones con domicilios sociales repartidos por diferentes países.
Eso precisamente ha ralentizado la investigación, ya que se han tenido que pedir comisiones rogatorias a Austria, Alemania, Turquía, Singapur, Australia o Chipre. Durante los registros en los domicilios de la red en la provincia de Barcelona los agentes se incautaron de 105.000 euros y de pruebas documentales.
Los detenidos en la operación, dirigida por el Juzgado Central número 1 de la Audiencia Nacional, están acusados de los delitos de estafa, organización criminal, relativos al mercado y los consumidores, contra la hacienda pública, contable y blanqueo de capitales.