Editorial

Un paso clave para digitalizar la empresa

La lucha contra la morosidad en la economía española es una vieja –y, de momento, todavía no ganada– batalla. Ni multas ni normas ni pedagogía empresarial han conseguido meter en cintura los plazos de pago, tanto del sector privado como del público, un lastre que se ha agravado de forma exponencial con la llegada de la crisis económica. Como medio para atajar el problema –que ha provocado la defunción de miles de pequeñas empresas en los últimos años– el Gobierno estableció en 2015 el derecho de cualquier proveedor de la Administración a presentar sus facturas de forma telemática. El medio es el sistema FACe (Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado)– una modalidad obligatoria en aquellos recibos cuyo montante supera los 5.000 euros.

Con la posibilidad de extender la facturación electrónica a cualquier cantidad, el proveedor puede seguir paso a paso todo el proceso de facturación. Ello supone un plus de transparencia y una mayor dificultad –desde Hacienda aseguran que imposibilidad– para esconder facturas en el cajón. Las ventajas del sistema –al que se han adherido la práctica totalidad de las comunidades autónomas y casi 8.000 municipios– son también económicas: un ahorro de 3,48 euros por factura. Todo ello hace inevitable plantearse la necesidad de extrapolar el sistema al sector privado, particularmente en las relaciones entre grandes empresas y pequeños proveedores, dañadas también por la morosidad. Desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad se propone realizar una experiencia piloto, que comenzaría en torno a las empresas del Ibex 35, y para la cual podría utilizarse inicialmente el propio FACe.

La elección de las grandes cotizadas para este experimento piloto tiene una razón de ser. Paradójicamente, los datos sobre facturación digital en España apuntan a que son las pymes y no las grandes compañías el tipo de empresa que está implantando con mayor rapidez este modelo de gestión de pagos. Distintos estudios del sector apuntan a que las empresas españolas intercambiaron más de 77,7 millones de facturas electrónicas en el primer semestre de 2015, lo que supone un 15,8% más que en el mismo periodo del año anterior. Ello se explica porque España fue uno de los primeros países europeos en promulgar una regulación legal sobre la facturación electrónica, posición de liderazgo que ha ido perdiendo paulatinamente. La digitalización de la facturación empresarial es, por tanto, un proyecto cuyos cimientos están ya establecidos y que cuenta con beneficios que van más allá de la reducción de la morosidad y del ahorro económico logrado por cada factura. La verdadera naturaleza de ese reto es transformar el perfil de negocio del tejido empresarial español, desde la facturación hasta los servicios y llevarlo hacia un entorno digital que no está en el futuro, sino que es ya una realidad.

 

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