Una estrategia para suplir la muleta del BCE
El Tesoro español ha emitido un tercio de deuda en 2016 a tipos negativos, lo que supone no ya abonar una rentabilidad baja en las emisiones, sino pasar a cobrar a los inversores que participan en ellas. En la subasta celebrada ayer, el organismo colocó 5.451 millones de euros en deuda a largo plazo en varias denominaciones y en todas ellas lo hizo a un tipo de interés marginal inferior. Es el caso de los bonos a cinco años y de las obligaciones a 14 años, donde se lograron mínimos históricos.
El hecho de que el Tesoro emita a tipos negativos es una buena noticia para la economía española por los beneficios evidentes que trae consigo un abaratamiento de la financiación. Se trata de un escenario completamente opuesto al que vivió España durante la crisis de deuda soberana, cuando los mercados penalizaban al Tesoro, la prima de riesgo alcanzaba máximos históricos y se sucedían los rumores de un posible rescate. Hoy esos tiempos parecen lejanos, pero sería un error que el éxito de las colocaciones y la entrada de España en el club de países que emite deuda a tipos negativos llevase a caer en la autocomplacencia. Más aún cuando esas rentabilidades son, en buena medida, una consecuencia de la política expansiva que mantiene el Banco Central Europeo (BCE).
Con los últimos datos en la mano, la curva del rendimiento de la deuda española se adentra cada vez más en un terreno negativo que incluye ya las emisiones a dos años y pronto alcanzará a los bonos con vencimiento a tres años. Se trata de una radiografía que no se corresponde con una economía que se ha desviado de los objetivos de déficit impuestos por Bruselas, arrastra un serio agujero en el sistema de Seguridad Social y ha alcanzado el umbral psicológico de una deuda equivalente al 100% del PIB, sino con un país que ha realizado un serio esfuerzo de recuperación en los últimos años, pero que cuenta con el respaldo de una política monetaria expansiva que está alimentando a toda la economía europea.
Precisamente por ello, España debe afrontar cuanto antes los retos que tiene pendientes. El primero de ellos, formar un Gobierno capaz de sacar adelante un Presupuesto lo suficientemente sobrio y restrictivo como para corregir el incumplimiento del objetivo de déficit de 2015, compensar la parálisis de un 2016 marcado por la ausencia de un nuevo Ejecutivo e incluir las medidas necesarias para sanear las finanzas públicas en 2017. La tarea que aguarda al Gobierno no es sencilla, pero resulta imprescindible y, sobre todo, inaplazable. Se trata de dibujar una hoja de ruta económica que no ralentice el motor de la recuperación, pero que permita a España avanzar hacia la consolidación fiscal y prepararse para el momento en que el BCE decida poner punto y final a sus estímulos.