Editorial

El precio del caos aéreo

Los continuos retrasos y cancelaciones de viajes por la compañía Vueling, la low cost de IAG, causan un daño no ya a sus clientes, lo que ya es grave, sino también a la imagen del país. Las noticias de retrasos de hasta 18 horas, las enormes colas para recabar información o las imágenes de viajeros durmiendo en la terminal sin ser atendidos ponen en cuestión el cumplimiento de los derechos de los viajeros en uno de los principales destinos turísticos del mundo, que apunta este año a cifras récord.

El Ministerio de Fomento ha reaccionado a cuatro días de incidentes, que han afectado a más de 8.000 pasajeros, exigiendo a la compañía un plan de contingencia para todo el verano bajo amenaza de sanción. Todo apunta a un incumplimiento reiterado de los slots programados, debido a una mala planificación de las fechas punta del verano, lo que ya habían denunciado los sindicatos de pilotos y azafatas. La ministra de Fomento, Ana Pastor, fue dura al prometer “contundencia” y que a la aerolínea “no le saldrá gratis” incumplir sus obligaciones. El Gobierno hace bien en tomar medidas que impidan que el ejemplo se extienda. En estos días de caos en los aeropuertos se ha echado de menos, además, una reacción clara y contundente del grupo IAG, responsable último de los problemas.

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