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Reestructuración

El PP es partidario de la fusión de los bancos minoristas

Puzle de marcas bancarias españolas
Puzle de marcas bancarias españolas

Ahora sí. Parece que entre el brexit y los tipos de interés al 0% los ingresos de los bancos, por lo menos de algunos, se van a complicar aún más de lo previsto, y los rumores de una nueva vuelta de tuerca a las fusiones bancarias acaparan una gran parte de las conversaciones del sector. Más si se tiene en cuenta que el Partido Popular, el grupo político que más escaños ha sumado en las elecciones celebradas el pasado domingo, tiene entre sus objetivos económicos propiciar la fusión de bancos minoristas. En su programa electoral se afirma que el PP trabajará profundizando en la unión bancaria y en la integración de los mercados de capitales.

Asegura que dará “especial atención a la integración del segmento minorista de la banca europea, analizando las barreras a la constitución de un auténtico mercado único en los servicios que más afectan a los ciudadanos”.

Pese al enfrentamiento entre el Banco de España y Economía en los últimos años, el organismo que encabeza Luis María Linde también es partidario de una mayor concentración del sector, lo mismo que reclama el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE).

Además, aunque no lo incluye en su programa, es favorable, como el resto de los grupos políticos, a la fusión de Bankia con BMN, aunque esta operación no se llevará a cabo hasta el próximo año. El Estado, a través del FROB, controla el 65% del capital de ambas entidades.

Lo mismo sucede con la posible ampliación de la fecha para la privatización de Bankia, que finaliza en noviembre de 2017. La idea es alargar esta fecha todo lo que se pueda o incluso eliminarla, para evitar una presión excesiva sobre el valor de la entidad, algo en lo que también están de acuerdo PSOE y Ciudadanos. Solo Podemos se opone a ello, ya que su programa incluía transformar Bankia en una banca pública.

Aunque para llevar a cabo ambas operaciones hay que negociar con Bruselas, en el caso de ampliar el calendario para la privatización de Bankia la normativa es española, por lo que lo principal es modificar la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito (artículo 31, punto 4). En esta norma se establece que el Estado tiene cinco años a partir de entonces (entrada en vigor de la ley) para salir del capital de cualquier empresa que haya recibido ayudas públicas. De esta forma, le quedaría al FROB 17 meses para privatizar Bankia, entidad que ha recibido 22.429 millones de euros en ayudas.

Pero para poder cambiar el calendario, debe producirse una modificación en la ley, con lo que es necesario su paso por el Congreso, por lo que el PP necesita el apoyo de otros grupos políticos, algo en lo que parece que no habrá problema. Fuentes financieras aseguran, de hecho, que el FROB ya tiene un borrador sobre esta posible ampliación del plazo. Otra de las medidas estrellas del PP que figuran en su programa económico es la creación de un único organismo de atención de reclamaciones y resolución de diferencias para los usuarios de servicios financieros. Además, pretenden incrementar el control de “las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios (cláusulas suelo), asegurando que los clientes conozcan con precisión las obligaciones que asumen y que sus derechos quedan perfectamente protegidos”.

El partido que encabeza Mariano Rajoy tiene también previsto reforzar el marco jurídico de los instrumentos de financiación y los productos financieros, para adaptarlo a las novedades regulatorias en el ámbito europeo, como es lógico.

Y si no les falla nuevamente a los inspectores del Banco de España, este grupo político explica que regulará la “situación jurídica de los inspectores de entidades de crédito, “como cuerpo profesional con unas características equiparables a las establecidas para el personal funcionario de carrera de la Administración General del Estado que desempeña funciones similares”.

Formación financiera en los colegios

Una medida que quiere promover el Partido Popular si, como todo indica, llega a gobernar, será la de buscar fórmulas para favorecer la formación financiera en colegios y universidades. El objetivo es que “desde la infancia se inculque una cultura financiera que permita tanto manejar los conceptos más básico de ahorro, inversión, endeudamiento o riesgos, como desarrollar competencias relacionadas con los procesos de contratación de productos financieros”. Esta iniciativa es compartida por prácticamente todos los partidos políticos e instituciones bancarias. En su programa también figura su idea de facilitar el uso de medios de pago electrónicos para abonos de menos importe a través del móvil. Además, establecerá un marco jurídico que regule las microfinanzas, mediante la autorización de instituciones microfinancieras sin ánimo de lucro y con finalidad social, con el objeto “de promover el emprendimiento y la generación de empleo”. También intentará potenciar las formas de financiación alternativas a la bancaria, como las emisiones de renta fija, las plataformas de financiación participativa o el capital riesgo. Pretende, asimismo, o así lo recoge en su programa electoral, que la información que suministren los bancos a los clientes sean más homogéneos y comparables, para intentar así que los usuarios de estas entidades financieras “puedan valorar mejor sus opciones y obtener condiciones más ventajosas”. Al contrario que el resto de los partidos, el PP no tiene ninguna intención de imponer nuevos impuestos a la banca, ni tan siquiera la tasa Tobin, un impuesto de transacciones financieras que el PSOE si tiene en su programa, lo mismo que Podemos. Ciudadanos tampoco fija este impuesto en su plan electoral, aunque sí es partidario de un impuesto para las operaciones en Bolsa, en línea con otros países como Reino Unido.

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