¿Quién se atreve con la sanidad?

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    2Evolución del gasto sanitario autonómico 

    En el Ejecutivo de Mariano Rajoy, quien ha ejercido realmente de ministro de Sanidad en los últimos años ha sido Cristóbal Montoro, titular de Hacienda, que controló férreamente el gasto sanitario de las comunidades autónomas y quien puso en marcha el mecanismo de pago a proveedores, especialmente afectados en el caso de la industria farmacéutica y de tecnología sanitaria. En términos de PIB, del 6,8% destinado a salud en 2009, en 2014 cayó al 6,1%. En 2009 se alcanzó el récord en términos nominales de recursos consumidos en la salud de los españoles, gastando 72.939 millones, un alza exponencial desde los 38.335 millones de 2002. Desde el máximo, se ha recortado 9.600 millones en los últimos años.

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    3Revertir los recortes 

    La receta del doctor Montoro incluyó la austeridad en el gasto sanitario para las regiones, que tienen transferidas estas competencias, la inclusión de un nuevo copago farmacéutico –que trasladó parte de la financiación desde la Administración a los usuarios– y la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes irregulares. Para muchos, no será un logro menor el haber conseguido salvar la sanidad pública en una dura crisis, aunque bien es cierto que ha soliviantado a los profesionales sanitarios por los recortes.

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    4¿Cómo se gasta? 

    En el programa electoral de 2011, las elecciones que dieron la llave para que Mariano Rajoy alcanzara la presidencia del Gobierno, el PP proponía la creación de una agencia de evaluación de la sanidad, a semejanza del conocido como NICE inglés (un organismo que mide la eficiencia en salud). De aquella promesa no queda nada. Y mientras sigue sin saberse cómo se gastan los recursos en el Sistema Nacional de Salud, la eficiencia o cómo abordar el uso de las costosas nuevas terapias.

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    5Evaluar la eficiencia 

    Pero en estos años no se ha avanzado en la eficiencia del sistema: no existen mediciones sobre la eficacia de hospitales y centros sanitarios; la revolución digital que permite telecontrolar y monitorizar a los enfermos crónicos –donde se va el mayor gasto– se ha introducido por cuentagotas dependiendo de cada territorio; la renovación tecnológica se ha paralizado; y los recursos siguen sin estar garantizados para hacer el modelo sostenible a largo plazo teniendo en cuenta el envejecimiento de la población y el encarecimiento de las terapias.

    Los expertos señalan que más que meter el bisturí para recortar, la sanidad necesita un tratamiento de shock, por mucho que moleste al establishment, lo que incluye las relaciones laborales de un cuerpo médico funcionarizado. Pero ¿quién se atreve a reformar la sanidad en profundidad?

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    6Reforzar la financiación 

    Los partidos ha centrado sus propuestas en la financiación del sistema. Unidos Podemos remarca, por ejemplo, la necesidad de incrementar el gasto en salud, hasta alcanzar el 6,8% del PIB en 2019, lo que supondría 8.800 millones adicionales. PP y PSOE hablan de la necesidad de conseguir la financiación necesaria, aunque sin atreverse a señalar de donde saldrá, y los socialistas llegaron a hablar de una financiación finalista.

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    7Las propuestas de PP y PSOE 

    PP. Nuevo sistema de financiación que garantice la cobertura de las necesidades reales, mejorar el acceso a la innovación, abordar con sendos planes la reducción de listas de espera y la transparencia sanitaria (que mida diferentes indicadores), reconocer el trabajo de los mejores profesionales, fomentar la libre elección del paciente garantizando su movilidad geográfica y apostar por la salud electrónica.

    PSOE. Propone recoger en la Constitución el derecho a la salud, promover una nueva Ley General de Sanidad en la que se recalque la universalidad de la prestación y converger hacia una cartera común de servicios. Subir hasta el 7% del PIB la inversión en estas partidas, incrementar la compra centralizada, acelerar la revolución digital y dar acceso a los ciudadanos a la salud a través del móvil.

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    8Los programas de los dos partidos nuevos 

    Podemos propone recuperar la pérdida de gasto sufrida con los recortes, para alcanzar la cota del 6,8% del PIB destinado a la salud, lo que cifra en 8.800 millones de euros adicionales. Reclama el acceso universal a la tarjeta sanitaria para inmigrantes y españoles que viven en otros países, ampliar la cartera de medicamentos financiados, defender el carácter público del sistema y reforzar la atención primaria.

    Ciudadanos propone crear un portal de transparencia que recoja datos e indicadores de calidad asistencial, terapéutica y eficiencia de los centros sanitarios. También un plan de infraestructuras y big data para detectar disfunciones, mejorar la atención a los pacientes crónicos y dependientes como eje del sistema, promover la compra centralizada y el acortamiento de la espera en el acceso a los fármacos innovadores.

     

     

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    9Obsesión por medir 

    La obsesión de los responsables para el futuro próximo debe ser la medición. Saber cómo se usan los recursos, qué coste efectividad tienen las tecnologías y los fármacos, qué productividad tienen los profesionales, qué ganancias en eficiencia y en ahorros conlleva la digitalización, qué diferencias de calidad existen en los distintos centros y cómo se introducen las innovaciones terapéuticas por comunidades, sin marginar a los usuarios por la región en la que vivan. Ciudadanos, en su programa, habla de mejorar la información y la gestión, creando un portal de transparencia.

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    10Qué ocurre en la dependencia 

    Respecto a la política social, el sistema de dependencia –un gran logro para este país– permitió disfrutar de este derecho a 796.109 personas dependientes de cuidados familiares y profesionales en 2015. Aunque los últimos cuatro años, con las dificultades financieras, el ritmo de nuevos beneficiarios se ha ralentizado y la lista de espera sigue creciendo. UGT cifra en 339.110 las personas que se encuentran aguardando la prestación.

    En la anterior legislatura, además, ascendió el tope máximo de copago de los usuarios del sistema, que anteriormente estaba en el 60%, hasta el 90% del coste tanto de los servicios como de las prestaciones económicas que reciben.

    Hay pocas cifras que aclaren si realmente así está sucediendo. No hay datos de cuánto realmente está costando para arcas públicas y familias. Además, los beneficiarios también deben abonar copagos, en función de su nivel de renta, lo que complica los cálculos, ante la falta de transparencia por la multitud de agentes implicados.

    Más información sobre las propuestas electorales en nuestro Especial Elecciones Generales.