A cuidar mejor las carreteras

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  • 2Son más los que abogan por contener la inversión 

    Austeridad y más control. Son las máximas instaladas en los dos grandes partidos en lo que se refiere a las políticas de inversión pública, atenazadas desde lo más profundo de la crisis por el objetivo de déficit. Y Ciudadanos también es de los que defiende la ortodoxia y el control en esta materia. Ni rastro en los programas electorales de los sobredimensionados proyectos de antaño, pero tampoco se atisba el tan demandado consenso político sobre la planificación en infraestructuras por mucho que se prometa en campaña. La fuerza naranja es, quizás, la más dispuesta a pactar una hoja de ruta para los próximos 20 años. La otra fuerza política con capacidad para decidir el próximo 26 de junio, Unidos Podemos, tiende la mano, previa moratoria, para determinar lo que hay y establecer prioridades.

     

     

  • 3Una red vial ya madura 

    Durante la pasada legislatura aún se han puesto en servicio más 200 nuevos kilómetros de carretera al año (620 kilómetros de autovías, cerca de 100 kilómetros en carreteras convencionales y 160 en carriles adicionales). El Ministerio de Fomento reactivó más de 60 obras que suponían 4.000 millones de inversión.

    La ministra del ramo en funciones, Ana Pastor, reitera que el gran esfuerzo en carreteras está realizado. Y el gran vuelco que supondrá pasar en España de la construcción a la conservación está aún por llegar. El Gobierno de Mariano Rajoy ha situado la cifra de inversión en cuidados de la red entre los 800 y los 1.000 millones, una horquilla que pesa un 10% en el presupuesto de Fomento y que políticos y empresarios coinciden en calificar de insuficiente para los más de 26.000 kilómetros. Los expertos calculan que España dedicará mas fondos a la conservación de infraestructuras en 2020 que a nuevos desarrollos, estos últimos relacionados especialmente con la eliminación de puntos negros y la ejecución de desdoblamientos.

     

  • 4Las radiales, una de las patatas calientes 

    En carreteras resulta ineludible atajar asuntos candentes durante la próxima legislatura. Entre ellos, el riesgo de liquidación de ocho sociedades concesionarias de autopistas, con el consiguiente quebranto para las arcas públicas por la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA). También acechan las primeras expiraciones de plazo en las vías de pago más maduras (AP-1 en Burgos y AP-7 en Levante). Al respecto, el sector concesional pide mayor peso de la colaboración público-privada (PPP) con obras de mejora a cambio de extensión de plazos de explotación en las autopistas. Por último, el Gobierno deberá afrontar el tan traído y llevado debate del pago por uso en las autovías.

    PP y PSOE coinciden en eliminar los peajes allí donde vayan venciendo las concesiones, y difieren en la idea de la tarificación de las autovías. El PSOE no rehuye el debate, mientras el PP prefiere no abrir ese melón. Desde Ciudadanos creen ineludible la convergencia con otros países de Europa en los que ya se impone el peaje blando.

  • 5¿Más inversión o cumplir el objetivo de déficit? 

    El presidente del grupo de construcción Sacyr, Manuel Manrique, ha sido el último en clamar en público esta misma semana por un pacto de Estado que dé estabilidad a la obra pública y eleve los planes anuales de inversión por encima de los 25.000 millones, con el consiguiente efecto generador de empleo. Un mes antes, en la junta de accionistas de ACS, el presidente Florentino Pérez argumentó que “parece haber consenso en la necesaria inversión en infraestructuras, lo que en algún momento debe cristalizar en las medidas políticas adecuadas”.

    Podemos ha sido la única fuerza que habla a las claras de trasladar el tijeretazo al gasto improductivo para dar margen a la obra civil como un motor de empleo. El resto de partidos anteponen el objetivo de déficit a un incremento en las partidas dedicadas a la obra civil.

  • 6Las carreteras en la campaña electoral 

    El Partido Popular asegura que exigirá una evaluación de la rentabilidad social y económica de las infraestructuras. Si repite en el Gobierno, tomará ritmo el Programa Integral de Conservación y Seguridad Viaria. Y para mejorar la accesibilidad fomentará el desarrollo de nuevos itinerarios viarios de alta capacidad. También promoverá variantes en las ciudades.

    El programa del PSOE prioriza la finalización de los corredores pendientes y las inversiones ligadas a la mejora de índices de seguridad y accesibilidad. Bajo su punto de vista, no debe alargarse la concesión de ninguna autopista una vez que esta haya expirado, e iniciaría un proceso de implementación de sistemas 'smart road' (carretera inteligente).

    Unidos Podemos incluye la reorientación de las inversiones desde la construcción residencial y el transporte por carretera hacia infraestructuras productivas y tecnológicas. También propone la consideración de un nivel adecuado de inversión pública, introduciendo una “regla de oro” que no las incluya en el cómputo del déficit.

    Ciudadanos aboga por el control en los grandes proyectos y obras, encargando la supervisión previa a una comisión de expertos independientes. La fuerza naranja apuesta por impulsar el Corredor Mediterráneo y el Corredor Atlántico.