Financiación autonómica

Castilla y Léon y Madrid tratan de sortear la adhesión al FLA

Fondos recibidos del Estado por las comunidades adheridas al FLA

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas hizo públicas la semana pasada las cifras del dinero que ha aportado a las autonomías que incumplieron el objetivo de déficit a través del Fondo de Liquidez Autonómica. Entre enero y septiembre ha repartido 19.993 millones, de los que 5.132 millones han ido a Cataluña, 3.486 millones a la Comunidad Valenciana, 3.009 a Madrid y 2.723 millones a Andalucía. Entre las cuatro regiones acumulan el 73% de los fondos.

Esas cifras, sin embargo, no son reales. La comunidad presidida por Cristina Cifuentes ha logrado financiar todo su endeudamiento de este año y no reclamará los 3.009 millones provisionados. Tan solo está pendiente de que Hacienda le de luz verde para cubrir el exceso de déficit del año pasado. El objetivo autonómico para 2015 era del 0,7% y el de Madrid fue del 1,36%, lo que supone un desfase de 1.000 millones de euros.

La última palabra en ese asunto la tiene, contra todo pronóstico, Castilla y León. La comunidad presidida por el popular Juan Vicente Herrera también incumplió el déficit en 2015 (1,33% frente al 0,7% solicitado) y ha seguido el mismo camino que Madrid. Sus necesidades de financiación para todo el ejercicio se sitúan en 1.042 millones y logró colocar a finales de mayo 400 millones a cinco años a un tipo del 0,7%, incluso por debajo del que se exige a las autonomías adheridas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). El exceso de déficit correspondiente a 2015 asciende a 340,5 millones de euros.

Lo que ambas autonomías quieren hacer es sortear la adhesión al FLA, algo hasta ahora solicitado como obligatorio por Hacienda a los incumplidores para financiar déficit anteriores, por dos razones. La primera es que tienen acceso a los mercados para financiarse sin problemas. Al igual que Castilla y León, Madrid colocó a principios de mayo 700 millones de euros en bonos a cinco años, al tipo de interés más bajo de su historia (0,727%) también por debajo del exigido en el FLA. La segunda es que no quieren realizar el plan de ajuste que viene ligado a la adhesión al Fondo ni quieren perder autonomía financiera a la hora de diseñar su calendario de endeudamiento.

¿Por qué tiene la clave Castilla y León? La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ya ganó a principios de año una batalla a Montoro al evitar tener que hacer un acuerdo de no disponibilidad de gasto, tal y como pidió el Ejecutivo a las autonomías con plan de ajuste. Del Olmo argumentó que no tenían ningún plan, ya que no se habían adherido al FLA. Hacienda le contestó que tenía otro pendiente por acudir al plan de pago a proveedores en 2012, extremo que la consejera negó al señalar que ya se había liquidado el mismo al lograr refinanciar toda la deuda a proveedores. Montoro le dio la razón por carta y no tuvo que suscribir ningún acuerdo de no disponibilidad.

Y ahora Castilla y León pretende ganar la segunda. Fuentes de la Consejería apuntan que alcanzaron un principio de acuerdo con Hacienda en el último Consejo de Política Fiscal y Financiero, celebrado el pasado 15 de abril, por el que Castilla y León le transmitió la posibilidad de financiar los 340,5 millones de euros de déficit excesivo de 2015 a través de un mecanismo extraordinario fuera del FLA. Lo que propone Del Olmo es que Hacienda les autorice para endeudarse por esa cantidad, pero que ese importe no compute como deuda. En el primer trimestre de 2016, la autonomías debían 264.174 millones de euros, de los que 127.681 millones (el 48,3% del total) correspondían a deudas con el Estado, en gran medida por las aportaciones que les ha hecho para pagar las deudas acumuladas con los proveedores y facilitar liquidez a aquellas que no tienen acceso a los mercados.

El objetivo de Castilla y León es corregir la senda ascendente de la deuda, que alcanzó máximos históricos en el primer trimestre con 10.582 millones (un 19,4% del PIB). Una meta similar persigue Madrid, que permanecerá atenta a los movimientos en el futuro para evitar que su endeudamiento baje del récord alcanzado entre enero y marzo de 2016 (28.380 millones, un 13,8% del PIB).