Los expertos piden condonar el FLA para reformar la financiación
Madrid, Cataluña y Baleares son las tres comunidades que más ingresos tributarios reciben. Una vez aplicado el sistema de financiación autonómico, en el que se reparten los fondos para tratar de corregir la menor renta, la mayor población o la dispersión de unas comunidades frente a otras, las tres bajan posiciones. Madrid pasa de la primera a la undécima posición, Cataluña de la segunda a la décima y Baleares de la tercera a la novena.En el otro lado, Extremadura es la segunda región de régimen común que menos recauda, con un 24% menos que la media, ocupando la decimocuarta posición. La región presidida por Guillermo Fernández Vara escala a la tercera posición entre las que más fondos recibe.
Una anomalía que el Consejero General de Economistas considera que hay que subsanar con un nuevo modelo en el que primen dos principios: el de corresponsabilidad fiscal y el de ordinalidad. El primero establece la necesaria proporcionalidad entre lo que ingresa y lo que gasta cada comunidad autonóma y el segundo fija que la capacidad recaudatoria de las regiones no se vea mermada por los fondos de compensación. En el informe, elaborado a partir de una comisión de expertos y académicos, se considera imprescindible que antes de abordar cualquier cambio hay que hacer tabla rasa con las necesidades de financiación de las autonomías.
Fue Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha, quién propuso que el Estado condone "totalmente o parcialmente" la deuda que han contraído las autonomías a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). "Para el nuevo sistema el Ejecutivo debe proponer la condonación del FLA, lo que serviría para librarlas de cargas financieras", recalcó. En los cinco años de existencia de ese fondo, las comunidades autónomas han recibido hasta el tercer trimestre de este año más de 100.000 millones de euros que se han convertido en deuda y que suponen una losa en sus necesidades de financiación, en especial para el pago de los servicios públicos ligados a sanidad y educación que tienen transferidos.
El secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales, Luis del Amo, subrayó en primer lugar que los recursos que se reparten en la actualidad son insuficientes para atender los gastos derivados de tener competencias sanitarias o educativas. "Además, el sistema se empezó a negociar en 2007, cuando el ciclo económico todavía estaba muy alto", remarcó. Del Amo considera que uno de los elementos a modificar sería el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF), del que surgen el 80% de los recursos que posteriormente se reparten. Un 75% procede de los ingresos tributarios de cada autonomía y el 5% restante a través de las aportaciones adicionales del Estado. "Sería necesario rebajar ese porcentaje del 75% para que hubiera corresponsabilidad fiscal entre lo que se ingresa y lo que se gasta y eliminar el resto de fondos, ya que distorsionan el principio de ordinalidad. Lo más coherente es que el que más aporte también tenga más dinero para gastar".
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