Factura electrónica, el "mayor cambio desde los romanos"
Los proveedores han remitido nueve millones de facturas electrónicas por un valor superior a 46.000 millones
El 15 de enero de 2015 entró en vigor la obligación para todas las administraciones públicas de aceptar las facturas electrónicas. Tras un inicio titubeante, fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que el proceso de implantación de este plan ha sido un éxito. De hecho, aseguran que la factura electrónica ha supuesto en la relación entre los proveedores y el sector público "el mayor cambio desde la época de los romanos". ¿Una exageración? Argumentan que se trata de un proceso que va más allá de la tecnología y que supone "un cambio de funcionamiento de un país".
Hasta ahora el proceso en el sector público era el siguiente: un departamento de la administración realizaba una compra a un proveedor, que le remitía una factura que se enviaba a la unidad financiera y, de allí, a la oficina contable. Un proceso que permitía que la deuda comercial se pudiera esconder en los cajones. Para ello bastaba que quien realizaba la compra no trasladara la factura al órgano correspondiente. Ahora, todo gira alrededor del llamado registro contable. Este órgano recibe todas las facturas y las remite al área correspondiente. Además, cada factura que llega al punto de acceso queda registrado y es posible seguir su rastro. Por lo tanto, asegura Hacienda, hoy es imposible esconder facturas en los cajones.
Ello no significa que se haya acabado con la morosidad en el sector público. Sin embargo, la diferencia es que ahora existe un mayor control y la Ley de Estabilidad contempla medidas correctivas y coercitivas contra las comunidades que incumplen el período medio de pago. En este sentido, Hacienda ha empezado este año a retener fondos del sistema de financiación a Aragón y Extremadura después de que duplicarán reiteradamente el límite de 30 días para pagar a proveedores. Este límite de 30 días se empieza a contabilizar transcurrido un mes desde que un proveedor remite una factura al registro contable.
Desde que entró en vigor la nueva forma de relacionarse con la Administración, se han remitido más de nueve millones de facturas que suman 46.194 millones de euros. Aun así, los proveedores con facturas inferiores a 5.000 euros pueden seguir utilizando la fórmula tradicional del papel. Fuentes de la Administración aseguran que la vía electrónica se ha generalizado y que las facturas en papel son prácticamente residuales. Defienden que esta nueva formar de relacionarse con la Administración ha beneficiado a más de 100.000 empresas, la mayoría de ellas pymes y autónomos. El Ministerio de Industria y el de Hacienda han ideado un programa gratuito para elaborar las facturas electrónica. Según los cálculos del Gobierno, el ahorro por cada factura digital es de 3,48 euros, de los cuales 2,78 euros corresponden a la administración receptora y los restantes 70 céntimos al emisor.
El Ministerio de Hacienda puso en marcha el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado (FACe). Los ayuntamientos y las comunidades pueden adherirse a este portal para gestionar sus facturas electrónicas. Hacienda señala que ello permita que el proceso tecnológico pueda aplicarse con la misma eficacia en una gran ciudad que en un pueblo del Pirineo de 40 habitantes.
Por otra parte, una de las condiciones que estableció el Gobierno para las comunidades acogidas al fondo de liquidez autonómico (FLA) fue la adhesión al portal FACe. Ello significa que Hacienda tiene el control sobre la deuda comercial de las comunidades autónomas. Fuentes del departamento de Cristóbal Montoro asegura que el uso de la factura electrónica ha supuesto un hito en España y que ningún país ha llegado tan lejos. Ahora, sostienen fuentes de la Administración, el reto es que el proceso se extienda también en el sector privado.
