Las eléctricas ven inviable la petición de daños de Gas Natural
Exige 400 millones al Estado ante la Audiencia Nacional por las pérdidas de sus ciclos combinados
Gas Natural Fenosa ha interpuesto un recurso ante la Audiencia Nacional por el que reclama al Estado 400 millones de euros por el daño patrimonial causado, a su entender, por la política energética del Gobierno, que ha dejado fuera del mercado a las centrales de ciclo combinado, según adelantó El Mundo. Muchas de estas plantas han sufrido el hundimiento de la demanda por la crisis:13 de ellas funcionaron cero horas entre 2014 y 2015, según REE. La compañía está a la espera de que la Audiencia admita a trámite la demanda, que presentó hace una semana, para, a continuación, formalizarla.
Hasta entonces no se conocerá en detalle el argumentario de la compañía, si bien, fuentes próximas a la misma la fundamentan en que el Gobierno aprobó en su día una planificación energética expansiva, con la que se promovió la inversión en centrales de gas (hubo algún año a mediados de la pasada década que se inauguró un ciclo combinado al mes). Después, el Gobierno ayudó a la proliferación de energías renovables con primas desorbitadas, a las que Gas Natural culpa de la parálisis de las plantas de gas, que se quedaron sin el suficiente hueco térmico.
En definitiva, la compañía que preside Salvador Gabarró, atribuye al Gobierno la ruptura del funcionamiento del mercado sin que, a cambio, haya tomado medidas, como la hibernación de los ciclos que prometió en el marco de la reforma eléctrica. La hibernación habría permitido a estas plantas no tener que estar disponibles para el sistema, sin incurrir en los costes de mantenimiento y de los contratos de gas y, por contra, habrían recibido una retribución con la que recuperar la inversión. Algo que habría encarecido la factura de la luz.
En el sector eléctrico consideran, en general, que el recurso de Gas Natural tiene pocas probabilidades de prosperar y dicen no entender por qué estaba decidido volver a atacar a las renovables en medio de un clima político enrarecido. Aunque el daño patrimonial que se puede reclamar es solo de un ejercicio, Gas Natural reclama el de cuatro años.
En contra de las tesis de la demandante se enumeran varias razones: la planificación energética es orientativa, no obliga a ninguna compañía y las inversiones y la actividad de generación eléctrica son libres. Y así como para el cierre de una instalación eléctrica se requiere de la autorización del operador del sistema (REE) y de los reguladores (la CNMC y el Ministerio de Industria), para ponerlas en marcha basta con los permisos ambientales y que se otorgue capacidad de uso de las redes.
Por otra parte, pese a asegurar que el marco regulatorio ha cambiado, lo cierto es que las ayudas que reciben las centrales de gas no se han recortado. Los pagos por capacidad, que los consumidores eléctricos abonan en el precio de la energía de la factura de la luz, especialmente los domésticos, son un doble incentivo que reciben estas centrales térmicas por estar disponibles y por la inversión realizada. Como a este último pago solo tienen derecho en los 10 años siguientes a su puesta en marcha y teniendo en cuenta que el parque de generación con gas cumplía una década, los pagos por inversión se han diferido. Se mantiene el de disponibilidad que reciben por estar listos para el operador del sistema en caso necesario (generalmente, cuando no hay viento para la producción eólica), con el mantenimiento adecuado y los contratos de gas en regla.
El momento tampoco resulta propicio después de que el Supremo haya fallado en favor del Gobierno al justificar el recorte de las renovables y dada la escasa rentabilidad de las centrales convencionales, no solo las de gas, sino también las nucleares y las de carbón.
Hay quien interpreta que esta demanda de Gas Natural es continuación de la queja anónima que presentó en su día ante la Comisión Europea contra las primas de las renovables, a las que calificó de ayuda de Estado. En aquel caso, Gas Natural venía a decir: “el mercado funciona mal, haga que funcione”. Con el recurso ante la Audiencia Nacional, la posición es “el mercado funciona mal, que el Estado me indemnice”.
Curiosamente, tras aquella queja Bruselas comenzó a considerar ayuda de Estado los incentivos a las renovables,por lo que que hay que notificarlas, pero también abrió una investigación sobre los pagos por capacidad que, en el caso español, reciben las centrales térmicas (ya sólo las de gas tras caducar las ayudas de las de carbón) y los descuentos en la factura eléctrica de las grandes empresas industriales (la llamada interrumpibilidad).
La empresa que nunca pidió el cierre de una central
La situación deprimida por la que pasan los ciclos combinados llevó a las grandes eléctricas, excepto Gas natural, a solicitar el cierre de varias plantas: Iberdrola, una de Arcos y Castellón, Endesa, la de Colón, en Huelva y Eon, una en Tarragona. Curiosamente, Iberdrola, dio marcha atrás después de que Industria, tras un largo proceso, admitiera el cierre de Castellón. según fuentes del sector, la eléctrica que preside Ignacio Galán confiaba en que el ministerio le negara el cierre lo que sí habría sido motivo para una reclamación por daño patrimonial, al haberse visto obligada a trabajar a a pérdidas.
Con este antecedente, llama la atención que la única gran eléctrica que nunca pidió el cierre de ninguna de sus plantas, sino solo la hibernación, haya presentado la demanda por responsabilidad patrimonial.
Sobre la firma
