Guindos no firma una norma eléctrica por haber sido consejero de Endesa
El titular de Economía y de Industria en funciones se abstiene en la aprobación de la nueva retribución de las redes eléctricas y evita así tener una futura incompatibilidad con las de Unesa
Tal como se rumoreaba desde hace unas semanas en el Ministerio de Industria, la aprobación de la orden sobre la nueva retribución de las redes de distribución eléctrica, que había sido informada en mayo por la CNMC, se estaba retrasando porque su titular en funciones, Luis de Guindos, no quería firmarla al considerar que tenía una incompatibilidad por haber sido consejero de Endesa hasta su incorporación al Gobierno de Rajoy como ministro de Economía. La norma, un reglamento que permite aplicar la metodología que figura en una ley y un real decreto anteriores, afecta a las cinco grandes de Unesa: Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo, así como a las 300 pequeñas distribuidoras de Cide y Aseme.
Según el real decreto publicado en el BOE, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, sustituirá a Luis de Guindos en “la tramitación y aprobación” de la citada orden sobre la distribución, después de que este haya “considerado procedente abstenerse” por “concurrir la causa prevista en el artículo 11.2 e) de la Ley 3/2015, que regula el ejercicio de los altos cargos”.
Este artículo establece que existe un conflicto de intereses respecto “a las entidades privadas a las que el alto cargo haya estado vinculado por una relación laboral o profesional de cualquier tipo en los dos años anteriores al nombramiento”. Fuentes jurídicas coinciden en que se trata de una interpretación “muy estricta de la norma” pues, si bien afecta a Guindos como ministro de Economía (en los dos años previos a su designación fue consejero de Endesa), no así como titular de Industria, cargo que ocupa desde la dimisión de José Manuel Soria el pasado abril. El decreto presenta a Guindos como ministro de Economía en funciones “que asumió el despacho ordinario de los asuntos de Industria”.
Ministerios adosados
El cese imprevisto del ministro de Industria, José Manuel Soria, el pasado abril, forzó una situación inédita: otro miembro del Gobierno debía sustituirle. Aunque la elegida era la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, esta se negó y le tocó en suerte a Guindos, quizá porque los dos ministerios “están adosados”, interpretaron en Economía.
Sea como fuere, a Guindos no se le ve por las dependencias de Industria y apenas ha aprobado hasta ahora alguna norma menor. No en vano mantuvo en su cargo al jefe de gabinete de Soria.
Este prurito de Guindos ha sido interpreta como “una actitud propia de los tiempos que corren”, en que los políticos intentan evitar cualquier problema legal o ético, pero también como una vía para evitarse una incompatibilidad en el futuro en las compañías de Unesa.
Una traba que se derivaría de la aprobación de la citada orden ministerial. Al fin y al cabo, añaden las mismas fuentes, Guindos ya ha anunciado su retirada de la política y Sáenz de Santamaría, que heredaría dicha incompatibilidad, va a continuar en ella. La abstención del titular de Economía se publicó in extremis, ya que todo estaba previsto para que la citada orden la analiza mañana la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que es donde realmente se aprobará la norma (al ser una orden no necesita pasar por el Consejo de Ministros).
La nueva metodología de retribución de las redes eléctricas, que supone, según la propuesta remitida por la CNMC a Industria, una mejora de los ingresos de las distribuidoras de 250 millones de euros este año, formó parte del paquete de la reforma eléctrica que arrancó en julio de 2013 y supuso un fuerte recorte de las renovables.
Aunque se trató de una de las medidas estrella de la reforma eléctrica, la aplicación de la normativa, cuya tramitación ha sido tensa, se ha retrasado hasta ahora. Además, no ha supuesto ningún recorte de ingresos, lo que ha llevado a las afectadas a mostrar, en general, su satisfacción.
El ministro sí rubricará la orden de retribución de REE
El real decreto publicado en el BOE por el que el titular de Economía, Luis de Guindos, se abstiene de aprobar la orden ministerial sobre la retribución de las empresas de distribución para 2016, que firmará la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no hace referencia alguna a la orden hermana sobre la remuneración de la red de transporte que gestiona REE.
Una omisión que apuntaba, y así lo ha confirmado este diario, que Guindos sí pondrá su firma en el reglamento relativo a las citadas redes de alta tensión. El trámite legal de ambas metodologías de retribución, aunque se trata de normativas separadas, ha ido siempre parejo desde que el Gobierno de Mariano Rajoy inició sus respectivas modificaciones en julio de 2013. Eso sí, la de la distribución, aunque ha sido igual de polémica que la del transporte, ha causado menos problemas al Gobierno, pues la primera afecta a las cinco grandes eléctricas y a otras 300 pequeñas distribuidoras (ha requerido, de hecho, dos trámites de audiencia por parte de la CNMC), mientras que la segunda solo afecta a REE y en muy pequeña medida a Gas Natural Fenosa. De los 250 millones en que se mejora la retribución de las redes, 150 millones corresponden a distribución y 100 millones a transporte.
En este último caso, Guindos no ha podido alegar conflicto de intereses con estas dos compañías, pero al firmar la orden ministerial sobre los ingresos de sus redes, le sobrevendrá una incompatibilidad con ellas de dos años desde que se produzca su cese como ministro.
Fuentes del sector energético muestran su preocupación por la situación de absoluta parálisis del Ministerio de Industria en el que, a las limitaciones propias de un titular en funciones, se añade su incompatibilidad para aprobar ejecuciones de normas o medidas relacionadas con Endesa. Dado que es la primera compañía eléctrica del país, no es extraño que cualquier medida sectorial le pueda afectar (por ejemplo, una orden de peajes).
Unos días antes de su dimisión, José Manuel Soria, dio orden de preparar el traspaso de poderes. Fuentes del ministerio aseguran que los funcionarios siguen en ello.
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