La crisis del grupo de ingeniería
Felipe Benjumea,  expresidente de Abengoa.
Felipe Benjumea, expresidente de Abengoa.

Final de la instrucción contra Benjumea por la crisis de Abengoa

La instrucción del caso por presunta administración desleal de Felipe Benjumea y Manuel Sánchez Ortega de Abengoa está a punto de finalizar. Los demandantes han solicitado la apertura del juicio oral

La instrucción del caso que investiga a Felipe Benjumea, expresidente de Abengoa, y Manuel Sánchez Ortega, su consejero delegado hasta mayo de 2015, por administración desleal del grupo de ingeniería sevillano llega a su fin.

La jueza de la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha recibido la solicitud de la representación legal de la Plataforma de Perjudicados por Abengoa, un total de 95 accionistas y bonistas de la empresa, para que dicte el auto de preparación para la apertura del juicio oral contra Felipe Benjumea y Manuel Sánchez Ortega.

Los abogados de la plataforma que presentaron la querella contra los dos exejecutivos de la compañía, Felipe Benjumea y Eliseo Martínez, han solicitado que se estudie la existencia de indicios de criminalidad de los hechos por los que están siendo investigados tanto Felipe Benjumea como Manuel Sánchez Ortega.

Según la documentación enviada a la Audiencia Nacional, tras las diligencias practicadas para que tanto Abengoa como la CNMV y la gestora de fondos BlackRock remitieran información, Benjumea y Sánchez Ortega recibieron 23,98 millones de la compañía en 2015, año en el que esta entró en preconcurso y se anotó unas pérdidas de 1.213 millones a cierre de año.

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En concreto, Benjumea cobró 4,48 millones de euros tras su dimisión, “sin que se sepa a qué responde esta cantidad, si a indemnización por cese del cargo o a contraprestación del pacto de no concurrencia”.

Los demandantes apuntan que “se ha tratado de vendernos esta obscenidad como si fuera algo natural” ese cobro pero no se ha explicado, al igual que tampoco el cobro de otros 7 millones en concepto de permanencia cuando poco antes había dimitido. Y recuerdan también que Sánchez Ortega cobró otros 4,48 millones en concepto de indemnización o de contraprestación del pacto de no competencia, a los que se sumaron otros tres millones de bonus variable del ejercicio 2015.

Junto a esta investigación, otra sala, en este caso el Juzgado de lo Mercantil número dos de Sevilla tiene que dirimir sobre la aceptación o no de la impugnación que ha presentado un grupo de cinco bonistas al standstill que firmó la empresa con el 75% de los acreedores financieros y que dio luz verde el juez. En caso de que acepte la impugnación, esta podrá ser recurrible por la compañía.

  • La demanda se centra en la administración desleal

En la nueva documentación que ha presentado la Plataforma de Perjudicados por Abengoa a la Audiencia Nacional se reconoce que tras la documentación presentada por el ex consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, investigado por posible delito de administración desleal “no puede desprenderse soporte indiciario alguno que permita dirigir la acción penal contra él”.

De esta forma, el documento apunta que “no se efectuará consideración alguna respecto a la inicial denuncia de un posible delito de uso de información privilegiada del que se hacía responsable” a Sánchez Ortega. El ejecutivo fichó poco después de marcharse de Abengoa por BlackRock, gestora de fondos que empezó semanas más tarde a tomar posiciones bajistas sobre la compañía. Los demandantes explican así que se centrarán en “analizar el resultado que se puede extraer de las diligencias practicadas que apuntan a la existencia de un delito de administración desleal”.