Una operación muy recortada

El Ayuntamiento de Madrid presentó ayer su particular proyecto para la Operación Chamartín, un desarrollo urbanístico que lleva desde 1993 danzando de despacho en despacho sin ver la luz definitiva. Sin negociación previa con las empresas e instituciones afectadas, desde la Comunidad de Madrid hasta el Adif, pasando por BBVA y Grupo San José, propietarios de la mayoría de los terrenos, la alcaldesa Manuela Carmena ha planteado modificaciones muy significativas en el suelo residencial, en el terciario, en la infraestructura de comunicaciones o en la propia financiación. Eso sí, ha cambiado de nombre al proyecto, que en su versión se conocerá como Madrid Puerta Norte. De las 17.000 viviendas proyectadas inicialmente por el BBVA, y que serían la fuente principal de financiación del resto del proyecto, se ha pasado a solo 4.600, de las que un millar serían de protección oficial; mientras tanto, el suelo destinado a servicios se reduce también en un 15%.

La iniciativa individual del Ayuntamiento de Madrid, cuando está aprobado y no modificado por la Comunidad de Madrid el plan parcial anterior, tiene elevado riesgo de quedarse en papel mojado, ya que además de generar dudas sobre su financiación, abre serias incógnitas sobre la seguridad jurídica precisa para llevarla a cabo.