La disciplina fiscal es para todos
Si la carrera hacia el saneamiento financiero y la consolidación fiscal fuese una competición deportiva, los ayuntamientos se colocarían a la cabeza de la clasificación. Pese a que algunos consistorios se encuentran al borde de la quiebra y han necesitado ser rescatados por el Estado, la salud financiera de los entes locales constituye, en general, el eslabón más sólido de la Administración en este ámbito. Los ayuntamientos pueden presumir de registrar superávit público, es decir, de ingresar más recursos de los que gastan. Los entes locales cerraron 2015 con saldo fiscal positivo por cuarto ejercicio consecutivo y registraron un superávit de 4.765 millones de euros, más allá del objetivo de equilibrio presupuestario que les exige el pacto de estabilidad. Un total de 3.710 municipios lograron terminar el año con deuda cero, un 8% más que en el año anterior. La buena salud fiscal permite reducir el pasivo. Los datos de Hacienda revelan que la deuda viva de los entes locales –diputaciones y ayuntamientos– disminuyó más del 8% en 2015.
La explicación que da el Gobierno a la autodisciplina fiscal de la Administración local tiene que ver en gran medida con el control que ejerce sobre ella la Ley de Estabilidad Presupuestaria, bastante más severo que el que soportan las comunidades autónomas. También es cierto que el peso competencial de los entes locales es menor que el de las regiones, pero ello no desluce el hecho de que han asumido la necesidad de practicar la austeridad presupuestaria de una forma especialmente eficaz.
El contraste es más vivo frente a unas comunidades autónomas cuya indisciplina fiscal ha sido una constante y se ha convertido en un escollo –junto al estado financiero de la Seguridad Social– a la hora de cumplir con los objetivos de déficit público impuestos por Bruselas. Pese a que Cristóbal Montoro ha anunciado su intención de poner en marcha los mecanismos de que dispone la Ley de Estabilidad Presupuestaria para tratar de frenar los incumplimientos autonómicos, esos resortes se dirigen a imponer un acuerdo de no disponibilidad de gasto público, no un recorte del mismo.
En cualquier caso, el hecho de que sea un Gobierno en funciones el que deba adoptar las medidas de control sobre el gasto de las Administraciones públicas reduce considerablemente la severidad de las medidas para adoptar. Precisamente por ello, una de las tareas prioritarias del próximo Gobierno será reconducir la disciplina fiscal de las arcas autonómicas y abordar de una vez por todas una reforma de su modelo de financiación. Mientras tanto, los ayuntamientos marcan el ejemplo que debe seguir un sector público cuyos excesos en el pasado han generado un lastre en el presente que es necesario, cuanto antes, dejar atrás.