La cautela del pequeño ahorrador
La drástica caída de la rentabilidad de los depósitos ha provocado que este producto financiero haya perdido buena parte de su atractivo a ojos del pequeño ahorrador. La política de tipos cero imperante en la zona euro ha llevado a las imposiciones a plazo a ofrecer mínimos históricos de remuneración y ha dejado en el olvido los años dorados en que prometían suculentos intereses. Si a finales de 2013, las familias españolas tenían unos 420.000 millones de euros en este tipo de instrumentos, con un interés medio de en torno al 3%, a finales del pasado mes de marzo la cifra había bajado ya a 300.000 millones, con nuevas operaciones que ofrecen alrededor de un escaso 0,60%.
En este austero escenario han irrumpido en el mercado español entidades extranjeras que están comercializando estos productos con unas rentabilidades bastante más generosas de lo habitual, de entre el 1,8% y el 2,5%. Una remuneración que solo encuentra competencia en las promociones –de carácter puntual y con más limitaciones– que ofrecen otras entidades del sector en España. Más allá del rendimiento, indudablemente atractivo, esta nueva hornada de depósitos a plazo cuenta con ciertas características que hacen conveniente un examen reposado de sus condiciones. Por un lado, no están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos español, aunque sí por los fondos de garantía de sus países de origen y con el mismo límite de cobertura. Además, aunque las páginas web de todas ellas ofrecen información en castellano, se trata de entidades registradas en España, pero que en algunos casos no tienen un establecimiento en territorio español, lo que implica que en caso de conflicto o problema, el cliente va a relacionarse y negociar con una organización que opera en otro país. A ello hay que unir también las posibles obligaciones de información tributaria que puede generar la contratación de uno de estos productos en el extranjero, lo que hace conveniente informarse con antelación.
Los esfuerzos de los reguladores en los mercados por aumentar la protección del pequeño inversor, especialmente intensos tras la amarga experiencia de los años de la crisis, tienen a menudo su principal obstáculo en el propio ahorrador, atraído por los rendimientos que ofrecen determinados productos. Ya sea por lo complejo del producto o por tratarse, como en este caso, de instrumentos comercializados por entidades que pueden carecer de sucursal en España o cuyos productos financieros están cubiertos por una garantía que opera en sus países de origen, los inversores no profesionales deben asegurarse de conocer suficientemente la letra pequeña antes de contratar. No se trata de desconfianza ni de sospechas, dado que son entidades financieras que operan con legalidad, sino de simple y siempre razonable prudencia.