Compromiso político con la economía
Consumado el fracaso político de dimensiones no conocidas en los últimos cuarenta años, con la imposibilidad de los partidos políticos de lograr un consenso para disponer de Gobierno, arranca hoy una nueva cuenta atrás para tratar de subsanarlo y designar un presidente que gestione el país durante los próximos cuatro años. La opinión pública está resignada ya a volver a las urnas, pero no será tan pasiva si se repite el ejercicio de pusilanimidad de los partidos políticos, tanto de los que no han intentado nada, como de los que solo han intentado que no hubiera acuerdo, como de los que han intentado fórmulas que saben imposibles de antemano. Sea por la inercia que lleva la actividad económica, sea por los influjos de las variables externas (precio del petróleo, tipos de interés), o sea por la capacidad de los agentes económicos para hacer abstracción del espectáculo político para tomar sus decisiones económicas, la economía ha mantenido un razonable desempeño en los meses transcurridos desde las elecciones de diciembre. Pero todo indica que no podrá reproducir semejante comportamiento en los trimestres venideros, a juzgar por las estimaciones corregidas del Gobierno en funciones, que limita ya el crecimiento al 2,7% para este año, y lo proyecta en un entorno del 2,5% para los tres años siguientes.
Pero tal avance, con un buen crecimiento para el empleo, está condicionado a mantener las políticas económicas y a que no se muevan de su velocidad de crucero los tipos de interés, la demanda externa o el precio del petróleo. El propio programa de estabilidad y crecimiento enviado a Bruselas admite que una simple subida del precio del crudo del 10% (nada descartable) y un incremento de la prima de riesgo de 100 puntos (menos probable salvo vuelco político hacia el populismo), reduciría el crecimiento del PIB a la mitad en los próximos ejercicios, con un coste muy contractivo para el empleo.
En este escenario es en el que la política tiene más responsabilidad para neutralizarlo, recuperando la intensidad reformista que ha desaparecido en el último año, todo él contaminado por la pugna electoral. El margen de España con sus políticas no es muy elevado, al menos en lo referente a gasto público o ingresos fiscales, dado que la relajación del último año en materia fiscal obliga a extremar las decisiones. Por ello, únicamente decisiones liberalizadoras de los mercados de bienes y servicios que siguen manteniendo rigideces, y respeto a cuantos cambios en el pasado reciente han aportado libertad económica, inversión y crecimiento, son las líneas de fuerza que deben utilizar los gestores que se hagan cargo de la economía después de las elecciones del 26 de junio. Regenerar el funcionamiento de la democracia es obligado, pero resolver el desempleo, que solo llega con crecimiento, es la prioridad primera.