Editorial

Cuadrar las cifras sin dañar el consumo

La radiografía de ejecución presupuestaria que desgranó ayer Cristóbal Montoro muestra una caída del 18% en el déficit del Estado durante el primer trimestre del año, que se explica principalmente por una reducción del gasto público. También se han rebajado casi en un 6% los ingresos por IRPF –es el efecto de la reforma fiscal, que entró en vigor en la segunda mitad de 2015– y ha aumentado un 3,6% el montante recaudado por el IVA. Este último dato apunta a que parte del dinero que la rebaja del IRPF ha dejado en los bolsillos de los ciudadanos se ha invertido en el consumo, un motor que está tirando a buen ritmo de la economía española.

El minsitro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro. ampliar foto
El minsitro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro. EFE

Aunque el gasto del Estado en estos tres primeros meses se ha reducido casi un 11% respecto al año anterior, esa caída tiene en buena medida una explicación coyuntural. En el actual ejercicio ha bajado el capítulo de gasto destinado a pagar los salarios a los funcionarios, que en 2015 fue mayor porque incluyó la devolución de una parte de la paga extra eliminada a estos empleados públicos en 2012. Ello explica que la factura del Estado en gasto de personal se haya recortado en este primer trimestre más de un 8%. También ha habido reducciones en otras partidas, incluida la de los intereses, pero no ha ocurrido lo mismo con el capítulo de gastos corrientes.

Con estas cifras en la mano, todo apunta a que si se mantiene la coyuntura actual de crecimiento y se recortan este año unos 4.000 millones de euros adicionales –son cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef)– España puede cumplir con el nuevo objetivo fiscal del 3,6% del PIB que el Gobierno tiene que remitir a Bruselas. Un esquema que parece demasiado ajustado frente a unas previsiones económicas que se han revisado a la baja y un entorno global con un ritmo de crecimiento muy desigual. A ello hay que sumarle la preocupante evolución de la Seguridad Social, cuyo saldo entrará en números rojos a medida que avance el año y en la que el Gobierno prevé un déficit del 1,1%.

Si tenemos en cuenta que la demanda interna se ha recuperado y que el gasto de las familias se ha convertido en un factor de crecimiento, España no debería optar por retocar los ingresos, sino reducir y mantener bajo control el gasto. Para ello hay que revisar partidas de gastos corrientes, pero también poner sobre la mesa lo antes posible la reforma del mecanismo de financiación de la Seguridad Social. Una modificación de ese calado en el sistema público de previsión tiene que abordarla un nuevo Ejecutivo, capaz de continuar con la agenda de reformas que la economía española tiene pendientes. A día de hoy, los riesgos que amenazan la consolidación fiscal y el crecimiento de España incluyen en un lugar destacado los serios interrogantes sobre el futuro mapa político.