Un test de independencia para Bruselas
Los planes de compra de O2, filial británica de Telefónica, por parte de Hutchison para su posterior fusión con su propia filial Three, se enfrentan a un muro de dificultades que pueden complicar severamente, e incluso frustrar, la operación. Las fuertes presiones por parte de Reino Unido para que la Comisión Europea –que debe pronunciarse sobre la fusión– paralice el acuerdo se unen a la coyuntura política en medio de la cual Bruselas debe adoptar esa decisión: el referéndum sobre la permanencia o salida de Reino Unido de la UE. Los escasos días de diferencia que median entre el plazo en el que la CE debe pronunciarse –el 19 de mayo– y la celebración de la consulta sobre el brexit –23 de junio– puede condicionar fuertemente el fondo de la decisión e inclinar la balanza hacia el veto. A Bruselas no le interesa políticamente echar un pulso no solo a las autoridades británicas, sino a la propia opinión pública del país, al aprobar una operación dentro de un mercado que un mes después podría estar fuera de su jurisdicción.
La posición de Reino Unido en contra de la fusión –que reducirá el número de operadores móviles de cuatro a tres– se plantea en un país que va a consultar a su población sobre la decisión de permanecer en la UE o volver a los límites originales de su soberanía nacional. Sin embargo, se trata también de una gran potencia económica, sede de uno de los grandes epicentros de las finanzas mundiales y adalid del libre mercado. Ello no ha impedido que las autoridades del país rechacen la fusión de Ono y Three en aras de la competencia, algo que no hicieron cuando se planteó la creación de un campeón nacional de las comunicaciones, nacido de la compra de EE (Everything Everywhere) por British Telecom. Sería injusto, de todas formas, atribuir esta suerte de nacionalismo económico únicamente a Londres, cuando ha habido casos similares en otros mercados. Frente a esas presiones, que efectivamente no son nuevas, lo relevante es la sospecha de que Bruselas pudiese fundar su decisión en criterios de oportunidad política en lugar de hacerlo en criterios de competencia. Los rumores que adelantan ese posible no a la fusión puede ser simplemente eso –rumores– pero están sembrando incertidumbre y desconfianza entre las empresas de telecos.
Pese a que desde Telefónica se barajan con tranquilidad otras opciones en caso de que finalmente la operación no salga, en el mercado existe la percepción de que Bruselas sigue administrando con mano de hierro –y no siempre con criterios suficientemente comprensibles– unas normas de competencia que parecen limitar las aspiraciones europeas a construir una industria de telecomunicaciones fuerte. Ello no constituye una buena noticia, más aún en un mundo cada vez más globalizado y en el que una de las grandes armas para competir continúa siendo el tamaño.