Conflicto frente al taxi

La CNMC recurre la ley que regula servicios como Uber y Cabify

Logo de Uber en un móvil.
Logo de Uber en un móvil.

La CNMC ha cumplido su amenaza y ha abierto una guerra con el gobierno tras decidir interponer ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra determinadas restricciones establecidas en la normativa que regula a empresas como Uber y Cabify. En su opinión, esta limita la entrada y la capacidad de competir de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), reducen la competencia en el mercado de transporte urbano de viajeros (a favor del sector del taxi) y afectan negativamente a los precios, la calidad, la innovación y, en definitiva, al bienestar general.

La CNMC precisó en una nota que el recurso se interpone contra las restricciones a la competencia incorporadas en el Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre de 2015 (que modificaba el reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres) y en la Orden FOM 2799/2015, de 18 de diciembre, “ambas perjudiciales para el interés general”, según precisaron en una nota.

El recurso, añaden, se produce después de que el organismo presidido por José María Marín Quemada remitiera al Consejo de Ministros el pasado 14 de enero un requerimiento de anulación de varios artículos incorporados en dicho real decreto, y después de que el 9 de febrero formulara otro requerimiento al Ministerio de Fomento solicitándole la eliminación de varios artículos incorporados a la orden con la que se desarrolló el real decreto.

“Dado que ninguno de estos dos requerimientos previos ha sido respondido ni motivado por el Ministerio de Fomento, hemos decidido interponer el recurso contencioso administrativo dirigido a mejorar ambas normas y remover las restricciones injustificadas a la competencia que perjudican a los consumidores, las empresas, los autónomos y al propio sector público”.

La CNMC recuerda que está legitimada para impugnar los actos de las administraciones públicas y las normas con rango inferior a la ley que sean contrarios a los principios de promoción de la competencia efectiva y a la regulación económica eficiente. En este caso, la CNMC actúa en el marco del artículo 27 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

Principales obstáculos

Entre los principales obstáculos a la competencia establecidos en el real decreto y en la orden ministerial, que según la CNMC deben ser eliminados “por no estar suficientemente justificados”, están los límites cuantitativos a las licencias de VTC, la obligación de contratación previa del servicio y la prohibición de competir de forma directa en la vía pública.

Igualmente cree que deben eliminarse las restricciones geográficas a la prestación del servicio que fragmentan el mercado nacional y el establecimiento de un número mínimo de vehículos para operar y “una serie de restricciones innecesarias y discriminatorias para los nuevos entrantes [se refiere a Uber y Cabify] relacionadas con la representatividad y la antigüedad de los vehículos”.

Según la CNMC, estas limitaciones son contrarias a los principios de promoción de la competencia efectiva y la regulación económica eficiente establecidos en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado y en la Ley 3/2013 de creación de la CNMC.

“Estas barreras carecen de justificación social, obstaculizan la competencia efectiva en el transporte urbano de pasajeros en todo el territorio nacional, afectan negativamente a la innovación y, por todo ello, reducen el bienestar general. En consecuencia, la CNMC considera que deben ser eliminadas en aras de un mejor funcionamiento de la economía española”, concluye.