Las regiones serán intervenidas si no acatan el ultimátum de Montoro
El Gobierno ha dado un plazo de 15 días a doce comunidades para que aprueben un acuerdo de no disponibilidad
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, remitió doce comunidades una carta en la que exige que en el plazo de quince días adopten un acuerdo de no disponibilidad del gasto. La Ley de Estabilidad Presupuestaria indica que desoír la orden de Hacienda conlleva la intervención de la comunidad autónoma.
Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Valencia, Extremadura, Madrid, Murcia y Baleares son las doce comunidades que han recibido una carta de Hacienda por haber incumplido el objetivo de déficit público de 2015 y el plan de ajuste para acogerse al FLA del mismo año.
Es la primera vez que Hacienda aplica las medidas coercitivas que recoge la Ley de Estabilidad Presupuestaria, a pesar de que en años anteriores el incumplimiento del objetivo de déficit autonómico también fue generalizado. En 2015, las comunidades autónomas registraron un déficit del 1,66% frente al objetivo del 0,7%. Durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, Cristóbal Montoro, destacó que las autonomías fueron el eslabón de la Administración que registró un mayor desvío.
Hacienda reconoce que se debe abordar una reforma de la financiación autonómica y de la Seguridad Social
Aprobar un acuerdo de no disponibilidad significa que los Ejecutivos autonómicos deberán “efectuar la correspondiente retención de créditos que garantice el cumplimiento del objetivo de estabilidad”. Montoro aseguró que no está pidiendo que las comunidades recorten el gasto, simplemente que no lo incrementen por encima de la regla de gasto.
Aun así, los gobiernos autonómicos interpretan que un acuerdo de no disponibilidad equivale a realizar un ajuste y sostienen que no tienen margen para aplicar más recortes. ¿Qué sucedería si las comunidades desoyeran las directrices de Hacienda y no aprobaran el acuerdo de no disponibilidad? La Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que, en este escenario, el Gobierno requerirá al presidente de la comunidad autónoma el cumplimiento. Y si no hay respuesta satisfactoria, el Ejecutivo podrá adoptar con el visto bueno del Senado las medidas para llevar a cabo la “ejecución forzosa” del ajuste. Es decir, la intervención. El PP cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta.
Las comunidades defienden que están infrafinanciadas y reclaman un nuevo sistema de reparto de los recursos. Las protestas se escuchan especialmente en la Comunidad Valenciana, Cataluña o Madrid. En este sentido, Montoro señaló que llevará hoy en el Consejo de Ministros un informe para nombrar un comité de técnicos que elabore propuestas para reformar el actual sistema de financiación autonómica. El ministro de Hacienda aseguró que pretende que las comunidades intervengan en la elección de los expertos. Ángel de la Fuente, director de Fedea, es uno de los sabios que podría coordinar el grupo de trabajo.
El ministro de Hacienda también reconoció que la Seguridad Social tiene un problema de financiación y defendió que se aborde el debate de una reforma en el marco del Pacto de Toledo. El organismo encargado de pagar las pensiones fue la única administración que aumentó su déficit el año pasado hasta alcanzar el 1,26% del PIB.
Reacción de las comunidades
AndalucíaLa presidenta andaluza, Susana Díaz, defendió que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, está tratando de “intimidar” a las comunidades autónomas por el “ultimátum” que recibió de la Comisión Europea.
BalearesEl Ejecutivo balear llamó directamente a la confrontación con el Gobierno central. La consejera de Hacienda, Catalina Cladera, aseguró que se “rebelará” ante lo que considera un “ataque” a las Islas.
Cataluña“Por muchos requerimientos que recibamos, no aplicaremos ningún recorte añadido a las políticas sociales”, señaló el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras.
Castilla y LeónCastilla y León, gobernada por el PP, también aseguró que no tiene capacidad para ajustar más su gasto. La vicepresidenta, Rosa Valeón, reprochó que Hacienda culpe a las comunidades de incumplir el déficit y aseguró que no posible rebajar el desfase al 0,3% del PIB que exige Hacienda para este año.
MadridLa Comunidad de Madrid optó por la prudencia y se limitó a señalar que leería la carta de Montoro y buscaría alternativas para cumplir sin que ello afectara la “prestación de servicios de calidad”.
Un cambio de Eurostat reduce el déficit al 5% del PIB
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció ayer que el déficit público de 2015 cerró en el 5% del PIB frente al 5,16% anunciado la semana pasada. La mejora de 1.600 millones se debe a un cambio de Eurostat, que exige imputar en 2015 ingresos obtenidos por el Estado en los últimos cinco años por el uso del espacio radioeléctrico. La mejora, en cualquier caso, no es suficiente para que España cumpla el objetivo de déficit de 2015, fijado en el 4,2%. Es decir, la Administración gastó casi 10.000 millones más de lo permitido por Bruselas. Por otra parte, el esfuerzo para cumplir este año sigue siendo titánico. La Comisión Europea exige que España reduzca su déficit público del 5% al 2,8%, lo que equivale a un improbable ajuste de 22.600 millones.
El propio Gobierno, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y los analistas dan por descontado que España incumplirá este año el objetivo de estabilidad. Todos los partidos políticos han defendido, aunque con matices, que es preciso renegociar con Bruselas una nueva senda de reducción del déficit público. También Montoro se mostró partidario de establecer objetivos más asumibles. En cualquier caso, el ministro de Hacienda defendió que la reducción de los números rojos es una condición necesaria para asentar la recuperación económica.
La Comisión Europea no se ha mostrado hasta la fecha receptiva ante las peticiones españolas para fijar una nueva senda de consolidación fiscal menos exigente. Si bien ello podría cambiar cuando haya finalmente un Gobierno, Bruselas previsiblemente exigirá reformas estructurales a cambio de ofrecer más margen en el déficit público.
