Montoro prohíbe a las comunidades elevar el gasto tras cerrar el déficit en el 5,2%
El incumplimiento obliga a realizar un severo ajuste de 24.500 millones
España no ha cumplido el objetivo de déficit público ni un sola vez durante esta legislatura, sin embargo, en 2013 y 2014, se quedó muy cerca. En 2015 no fue así. El déficit público se redujo del 5,7%% al 5,16%, sin embargo, quedó lejos del objetivo de estabilidad exigido por Bruselas del 4,2% Supone un desvío de 10.345 millones, el mayor de la legislatura.
Así lo anunció el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, que señaló directamente a las comunidades autónomas, cuyo déficit público ascendió al 1,66% del PIB frente al objetivo del 0,7%. Montoro aseguró que iniciará los procedimientos previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria contra las incumplidoras. Así, remitirá una carta a los Gobiernos autonómicos para exigir que aprueben un acuerdo de no disponibilidad del gasto público. Deberán hacerlo en un plazo de 15 días y efectuar la correspondiente retención de créditos. Fuentes de Hacienda destacan que se trata de una medida de “las más estrictas posibles” y que no se había aplicado hasta ahora. Montoro destacó que no pide que las autonomías recorten el gasto, sino que el incremento de 10.000 millones en la financiación autonómica previsto para este año se destine a corregir el déficit.
Solo Canarias, Galicia y País Vasco cumplieron el objetivo de déficit público, el resto rebasó el límite. Destacan Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Aragón, que registraron un desfase superior al 2% del PIB. Fuentes autonómicas recuerdan que, en 2014, cuando el PP gobernaba la mayoría de comunidades, sólo cuatro regiones cumplieron el objetivo de déficit público y el Ejecutivo no intervino como ahora. Montoro recordó que la Comisión Europea pidió en su último informe que el Gobierno actúe para atajar los desvíos de las comunidades.
El Ejecutivo en funciones de Mariano Rajoy exigirá que las comunidades apliquen la regla de gasto, que prohíbe que el presupuesto de las comunidades crezca por encima del PIB potencial (1,8%). La Ley de Estabilidad Presupuestaria contempla la posibilidad de aplicar sanciones e, incluso, intervenir a las comunidades incumplidoras. Aunque Montoro señaló que será el próximo ejecutivo quien deberá aplicar –si es necesario– estas medidas.
El Gobierno también acordó reforzar las condiciones para acceder a los recursos del FLA. A partir de ahora, se exigirá una supervisión continua del gasto farmacéutico y sanitario o que las comunidades se adhieran al portal de entrada de facturas electrónicas del Estado. Además, el interventor general remitirá un informe mensual sobre el cumplimiento del objetivo de deuda, déficit y de la regla de gasto.
Además de las comunidades autónomas, también la Seguridad Social incumplió el objetivo de déficit público al registrar un desfase del 1,26% del PIB frente el límite del 0,6%. Fue el único eslabón de la administración que aumentó sus números rojos respecto a 2014. En este caso, el motivo del desvío se debe sobre todo a la sobrestimación de los ingresos que realizó el Gobierno. En cualquier caso, Montoro defendió que el Gobierno nunca ha reducido las pensiones públicas. Los datos reflejan que existe un agujero importante en la Seguridad Social y, de hecho, los Presupuestos Generales del Estado para 2016 incluyeron la propuesta de negociar fuentes alternativas de financiación.
La Administración central sí cumplió su objetivo y cerró en el 2,68%, por debajo del umbral del 2,9%. Nuevamente, fueron los ayuntamientos los que mostraron una mejor evolución. Debían lograr equilibrio presupuestario y, en cambio, registraron un superávit del 0,44%. Un desvío positivo que fue insuficiente para compensar los incumplimientos de las comunidades y la Seguridad Social. Hacienda argumenta que el buen comportamiento de los ayuntamientos se debe a que la Ley de Estabilidad limita las posibilidades de incrementar el gasto público.
La reforma fiscal
Montoro defendió que el Gobierno de Mariano Rajoy deja las cuentas en mejor situación que al inicio de la legislatura, cuando el déficit alcanzaba el 9,13% del PIB. Sin embargo, la Comisión Europea exige que España reduzca este año los números rojos hasta el 2,8% del PIB. Ello equivale a un ajuste superior a los 20.000 millones de euros. No parece probable que en la situación de parálisis política actual, la Administración asuma un ajuste de esta magnitud. Por otra parte, ninguno de los programas electorales de los principales partidos contemplan medidas que permitan una reducción del déficit público como la exigida por Bruselas. Incluso el Gobierno se ha mostrado abierto a renegociar con la Comisión Europea una senda del déficit más suave, una idea que también defienden PSOE, Ciudadanos y Podemos.
El Gobierno aprobó en 2015, año electoral, una reforma fiscal que supuso, entre otros cambios, una rebaja de los tipos impositivos del IRPF. El pasado agosto, pocos meses antes de los comicios, el Ejecutivo anunció una reducción adicional. Montoro defendió ayer estas medida y rechazó que tuvieran un carácter electoralista. Aseguró que las medidas tributarias explican que España creciera el año pasado por encima de las previsiones. Y recordó que la recaudación fiscal aumentó un 4%, aunque los ingresos por IRPF cayeron un 0,9%.
