Un trato fiscal igual para todos

El Estado ha decidido socorrer financieramente a Cataluña para que pueda pagar a los proveedores y financiar los servicios sociales, como ha hecho en numerosas ocasiones desde que la crisis sacó de los mercados a casi todas las regiones. Las finanzas catalanas están en manos del Estado por la razón sencilla de que los inversores internacionales o la banca nacional han cerrado el grifo del préstamo para atender a unas emisiones calificadas por las agencias de rating como bono basura. La deuda calatana está en 73.000 millones de euros, frente a los 15.000 que tenían hace solo ocho ejercicios, y su crecimiento se debe a que nunca ha afrontado con rigor un auténtico recorte del gasto.

La última entrega de dinero solo cubre una parte de las demandas catalanas; pero Hacienda no puede atender todas las reivindicaciones, puesto que rompería la unidad de trato que debe mantener en todo el territorio. Debe hacer las entregas con el calendario fijado, sin forzarlo para que nadie lo interprete como réplica a la creación ilegal de leyes de desconexión en el Parlamento catalán. Y si Hacienda accediese a una operación de canje de deuda a corto por títulos a largo plazo para aliviar los vencimientos, lo que sería un auténtico rescate de Cataluña, debe replicarlo con todas las comunidades. Algo que, por cierto, los mercados seguramente censurarían.