Apostemos por el futuro de las infraestructuras
La situación política de España, tras las elecciones del pasado 20 de diciembre y las dificultades vistas en la formación de un Gobierno de coalición, ha generado un clima de incertidumbre entre los inversores que debe corregirse para continuar con el crecimiento económico y seguir siendo un país pionero en sectores como el de las infraestructuras. España necesita que todos los actores económicos promuevan la inversión extranjera en este sector, uno de los pilares de la recuperación económica que experimentamos, y para ello resulta fundamental disponer de estabilidad en nuestras instituciones para posicionarnos óptimamente ante inversores que estén considerando la diversificación de sus carteras en el sur de Europa.
Las necesidades de nuevas infraestructuras son ahora más escasas gracias a los avances de las pasadas décadas. La adhesión de España a la Comunidad Económica Europea jugó entonces un papel esencial, ya que aceleró la entrada de capital extranjero e intensificó la inversión doméstica contribuyendo a que ahora seamos todo un referente. En la actualidad, con un sector robusto y unas empresas muy reconocidas y valoradas en el ámbito internacional, los inversores se muestran interesados en participar en proyectos que se encuentran actualmente en explotación, lo que permite a las compañías que actualmente los gestionan obtener liquidez para afrontar nuevos proyectos.
En este sentido, hay que tener en cuenta que la inversión extranjera en proyectos de infraestructuras considera tres conceptos fundamentales: la rentabilidad, la liquidez y la garantía, siendo este último factor el prioritario para el inversor extranjero. La garantía normalmente se asocia a la estabilidad que proporcionan los agentes económicos, así como al contexto jurídico e institucional de un país. En definitiva, es lo que comúnmente se conoce como seguridad jurídica.
Pero, además, los inversores extranjeros requieren que los proyectos de infraestructuras en los que se embarquen dispongan de apoyo por parte de los distintos partidos políticos, así como de la propia ciudadanía. Y es que los ciudadanos son, al fin y al cabo, los financiadores finales de toda infraestructura, bien sea a través de pagos directos (peajes) o de impuestos. Participar en proyectos que precisan de grandes inversiones durante un tiempo prolongado merece un apoyo suficiente y que los cambios en los gobernantes no impliquen modificaciones en las condiciones de los proyectos o incluso la posibilidad de cancelación de los mismos. El riesgo que existe es que los proyectos que no cuenten con consenso tendrán, por lo tanto, grandes dificultades para contar con la participación de inversores extranjeros.
España, a este respecto, dispone de una situación muy favorable gracias a una serie de factores amparados por la Constitución Española: un marco económico y político estable, una Administración pública eficiente y un marco legislativo sólido. Además, el ordenamiento jurídico en España referente a licitaciones y contrataciones con el Estado es muy riguroso y completo. De hecho, en los últimos años se ha realizado un esfuerzo legislativo encaminado a tres objetivos: clarificar, hacer más transparente y reducir los costes de los contratos y las licitaciones de la Administración. La intención de todas estas actualizaciones es lograr unos procesos de licitación y contratación más justos y eficientes.
Nuestro país, por la amplia experiencia que tiene en el sector y por los buenos resultados cosechados a lo largo de las últimas décadas, debe seguir apostando por la inversión en infraestructuras de manera rentable y sostenible. La inversión en este sector resulta indispensable para el desarrollo económico y social de España, aunque en los últimos tiempos el sector haya sufrido recortes relevantes como consecuencia de la coyuntura económica que atravesamos desde el año 2008 y de que en muchas ocasiones los grandes proyectos de infraestructuras han generado dudas sobre si realmente resultaban apropiados o excesivos. Un buen posicionamiento en él se traduce, al fin y al cabo, en un mayor producto interior bruto a corto plazo, en un impulso de la demanda y, a largo plazo, en un aumentando la capacidad productiva de España.
Fernando González Cuervo es Socio del sector de infraestructuras de EY