Traspasar y gestionar competencias
La Constitución española de 1978 consagró un modelo territorial basado en la distribución de poder entre el Estado y las comunidades autónomas, modelo del que se ha derivado un balance en términos generales positivo, dando lugar a una economía mucho más abierta y competitiva. Para llevarlo a cabo ha sido necesario un trasvase de competencias desde la Administración central a la autonómica.
En CEOE hemos presentado un exhaustivo estudio titulado El traspaso de competencias en el sector público, en el que analizamos dicho traspaso de competencias, su evolución, así como su reflejo sobre el empleo público en las Administraciones central y autonómica. El objetivo es contribuir, con datos, al necesario debate sobre las vías para reformar y mejorar nuestras Administraciones, como factor de competitividad y palanca para favorecer la recuperación económica.
El proceso de transferencia de competencias se encuentra muy avanzado y la mayoría de los grandes ámbitos ya son gestionados a nivel autonómico. La evolución de este proceso ha sido muy desigual en el tiempo. Desde 1978, se han producido 1.994 acuerdos de traspaso de competencias a las comunidades autónomas, lo que ha implicado también un traspaso de personal, que asciende a 821.693 empleados.
El estudio pone de relieve que el Estado conserva la responsabilidad en determinadas funciones, lo que conlleva mantener una plantilla de personal para desempeñar los cometidos reservados a este. Así, en 2015, la Administración General siguió teniendo el 20,9% del total de empleados de las Administraciones públicas.
En cuanto a las Administraciones autonómicas, la evolución del empleo mostró una tendencia creciente desde 1997 hasta 2011. En la actualidad, las comunidades autónomas mantienen al 50,5% de los trabajadores del sector público. Además, en los últimos años, se ha producido un incremento significativo de la población, que supone una mayor demanda de servicios como Educación y Sanidad. Sin embargo, estos factores no justifican el intenso incremento del empleo en la Administración Autonómica hasta 2011, teniendo en cuenta que desde el año 2000 las transferencias de competencias se han reducido. Asimismo, el estudio presta especial atención a la Educación y a la Sanidad habida cuenta de su relevancia. Estas políticas han sido dos de los ámbitos competenciales que ya se han traspasado en su totalidad a todas las Comunidades Autónomas y concentran, de media, más del 50% del presupuesto autonómico. Según datos de los presupuestos iniciales de 2015, el gasto en Educación oscila entre el 15% y el 27% de los presupuestos autonómicos, mientras que en el caso de la Sanidad, alcanza niveles de gasto que representan desde un 24,3% hasta un 38% del gasto público autonómico.
Las diferencias existentes en el peso de la educación y la sanidad en el gasto público autonómico se explican por los modelos de gestión de dichos servicios. De esta manera, la disparidad entre las distintas regiones en el grado de colaboración con el sector privado, vía conciertos, condiciona la estructura del personal o de gasto destinado a cubrir estos servicios públicos y hace muy difícil establecer comparaciones entre comunidades autónomas.
En cualquier caso, si partimos de que la obligación de una Administración responsable es la de satisfacer las necesidades y las expectativas sociales de acuerdo al mejor binomio coste-resultados, entendemos que la asignación de fondos públicos a los conciertos en sanidad y educación es una oportunidad. Oportunidad tanto en términos de ahorro para las cuentas públicas, como en términos de una mayor flexibilidad en la asignación de recursos para hacer frente a distintas situaciones, como, por ejemplo, los cambios en la demanda de estos servicios. En síntesis, hemos pretendido ofrecer un análisis sobre uno de los elementos que más afectan al funcionamiento de nuestra economía, es decir, contar con unas Administraciones ágiles y eficientes.
El trabajo debería centrarse en evaluar su correcto funcionamiento y en la gestión del gasto público, así como en implementar reformas que permitan a España contar con un sector público de primera línea. Sin duda pueden ser de gran utilidad muchas de las lecciones extraídas del informe, relacionadas con la necesidad de evitar un sobredimensionamiento de la Administración pública, no incurrir en duplicidades y aprovechar las oportunidades que ofrecen una mayor colaboración con el sector privado.
Bernardo Aguilera Sánchez-Garrido es Director de Asuntos Económicos y Europeos de CEOE