La banca dice que la inseguridad jurídica supera a la política

Si los bancos se quejaban de las nefastas consecuencias que tiene para el sector operar con tipos de interés casi al 0%, la nueva vuelta de tuerca de Mario Draghi mete más presión a las entidades financieras. El sistema financiero prevé de esta forma un escenario de tipos negativos durará este año y el próximo. Eso tendrá una correlación directa sobre el mercado y los tipos del euríbor en general. El sector cree que el Banco Central Europeo (BCE) mantendrá los tipos de interés congelados al 0% –medida, entre otras, que adoptó el jueves–, hasta 2018, lo que vaticina una mayor complicación para la gestión de los márgenes bancarios.

Uno de los principales, o mejor dicho, el principal negocio de la banca es la concesión de créditos, y dentro de estos la venta de hipotecas se lleva la palma. Pero con el euríbor negativo, las entidades se enfrentan a un escenario inhóspito, y “con una inseguridad jurídica que se convierte en nuestro peor enemigo”, declaraba el viernes un destacado ejecutivo financiero.

Según su reflexión, que es compartida por gran parte del sector, operar con tipos de interés negativos añade a la cuenta de resultados de la banca una presión difícilmente calculable. Pero considera que esta operativa en negativo podría compensarse con la subida de los diferenciales en los créditos, y sobre todo en las hipotecas. “Aunque la guerra aún existente de precios para captar clientes y negocio por parte de ciertas entidades complican esta posibilidad”, añade este directivo. Otra alternativa que tienen los bancos para compensar este menor flujo de ingresos en los márgenes como consecuencia de los tipos de interés en negativo es la subida de las comisiones, o incluso el cobro de servicios que hasta ahora eran gratis –un ejemplo reciente de nueva tarifa es la aplicada ahora por sacar dinero de un cajero ajeno–.

Pese a estas vías, todas impopulares, de compensar la operativa con tipos de interés al 0% o en negativo, los directivos temen la reacción de los jueces ante una posible denuncia de un cliente con una hipoteca con un euríbor en negativo que quiera reclamar el cobro de intereses. Ante ello, varios bancos ya se están blindando para no pagar a los hipotecados por la caída del euríbor. Están introduciendo en sus hipotecas cláusulas cero, con las que no se verían obligados a devolver intereses o, lo que es igual, a reducir cuota del capital prestado al deudor.

La respuesta de los bancos es la misma. “Si finalmente se llega al extremo de tener que pagar por el crédito habrá que cobrar por los depósitos. Es lo lógico. El mundo sin sentido”, razona el número dos de una conocida entidad financiera.

Otro directivo va más lejos, y coincide con otros colegas suyos. “Se habla mucho de los retos de 2016 para la banca, y se señala a los tipos de interés al 0% como el principal escollo para el sector. Es cierto que es muy importante. En España, además, se añade otro punto negro: la incertidumbre política, lo que está provocando que los inversores aparquen sus proyectos de inversión a la espera de que se forme Gobierno. Pero el peor, y lo que aleja más al inversor, es la inseguridad jurídica. No se pueden cambiar las reglas de juego así por qué así sin medir las consecuencias”, critica este ejecutivo.

Asegura que en los últimos años los jueces (como los abogados) se han convertido “en los verdaderos legisladores de la banca”. Su queja se suma a la de otro experto del sector. “En estas elecciones, todos los partidos políticos están o van a poner en marcha medidas populistas sin medir las consecuencias. Alguien tiene que explicar que si los bancos no pueden prestar la economía se resiente, alguien tiene que explicar que si la legislación es dudosa los inversores no querrán entrar en el capital de las entidades financieras en un momento en el que las autoridades supervisoras reclaman cada vez más capital. Que si un banco no obtiene beneficios no puede remunerar a sus accionistas, y si cae lo tendrán que pagar los pequeños y grandes inversores, además del contribuyente”.

El director del departamento jurídico de un gran banco comparte estas tesis, y añade algo más. “Además de esta inseguridad jurídica hay que sumar las iniciativas de los distintos políticos. Los ayuntamientos reclamando cobrar impuestos a los bancos por los depósitos, cobrar por poner un cajero en la calle, nos multan por tener pisos sin ocupar, te cuestionan cuando cambias las comisiones. Nos cuestionan todo, y hay que entender que un banco es una empresa, es un negocio como lo es cualquier otro. Nadie cuestiona que un buen peluquero cobre cuatro veces más que un peluquero desconocido. Si no logramos beneficios las fusiones sí serán inevitables, y el mayor perjudicado será el cliente. Se creará un oligopolio, y la competencia desaparecerá”, sentencia este ejecutivo. Y añade “no me creo que ningún cliente no supiera lo que firmaba cuando suscribía una hipoteca con cláusula suelo. No me creo la incultura de todos los clientes”.

Parte de razón tienen, pero solo parte. Los jueces, como los ciudadanos de a pie están escarmentados de los abusos cometidos por algunas entidades y por algunos banqueros. Actuaciones ilícitas llevadas a cabo por las cúpulas de ciertas entidades, la comercialización irregular de productos o la aplicación de comisiones en servicios básicos han derivado ahora en estas nuevas reglas del juego. Habrá que buscar el equilibrio.

Malas referencias de PwC, KPMG y Deloitte sobre BPA

Es el mayor escándalo financiero vivido en Andorra. Hace dos semanas los accionistas de BPA, los hermanos Cierco, pidieron la paralización de la venta del banco tras haber retirado el Tesoro de EE UU el 19 de febrero su actuación contra esta entidad. El Tesoro de EE UU había acusado a BPA en marzo de 2015 de presunto blanqueo de capitales. Ahora un año después algunos expertos consideran que las medidas adoptadas contra la entidad andorrana fueron desorbitadas, a tenor de las investigaciones. Clientes de 240 cuentas en BPA han presentado una reclamación administrativa de responsabilidad patrimonial por 370 millones de euros contra Andorra y sus organismos de regulación y supervisión financiera. El martes pasado, mientras, se publicó un informe independiente de la consultora PwC sobre BPA que determinaba que tenía 923 clientes sospechosos de blanqueo de capitales, lo que supone el 3% del total, y que representaban un volumen de negocio de unos 1.000 millones de euros, el 19% del grueso del banco andorrano. Ante este demoledor informe que ensombrece la operativa del banco andorrano, los Cierco han asegurado que “cualquier afirmación de PwC de que BPA era un negocio ilícito simplemente no tiene fundamento legítimo y es contrario al sentido común” y piden hacer público el trabajo de la consultora. Lo malo de estas afirmaciones, según varias fuentes, es que otras auditoras llegaron a unas conclusiones también negativas sobre el negocio de BPA anteriores a su intervención. Este es el caso de KPMG o Deloitte. KPMG ya alertaba que desde 2012 habían “observado que los clientes numerados pueden firmar los contratos de apertura con la firma del número de persona, sin necesidad de la firma personal, aumentando así la privacidad del cliente”, algo que iba contra la tendencia normativa de andorrana desde 2009 de documentar cada vez más a los titulares de las cuentas para evitar casos de blanqueo. KPMG, en el apartado 13 de su informe “opinión de la empresa auditora y sugerencia de mejora”, escribe seis folios de sugerencias de mejora. Un año después los Cierco reemplazaron a KPMG por Deloitte, que hizo el informe especial para la Unidad de Inteligencia Financiera de 2013. En la carta de opinión del informe, el socio de la firma detectó y narró la ausencia de documentación de identificación de titulares de cuentas en siete casos de la muestra en 2012 y 2013. Deloitte también hace cuatro páginas de recomendaciones de mejora a BPA. PwC, además, no puede hacer público un trabajo que analiza 37.000 cuentas de 27.000 clientes de BPA ya que debe salvaguardar la protección de datos de los clientes.