Madrid, Galicia y Canarias son las autonomías más cumplidoras

Cataluña y Valencia llevan diez años consecutivos incumpliendo el déficit

Bruselas y la Autoridad Fiscal piden que Hacienda haga uso de las medidas coercitivas de la Ley de Estabilidad

La estabilidad presupuestaria en las comunidades autónomas Ampliar foto

Incumplir el objetivo de déficit público se ha convertido en algo habitual para algunas comunidades. Entre 2003 y 2014, Cataluña y la Comunidad Valenciana rebasaron en nueve ocasiones el objetivo de déficit público impuesto por el Ministerio de Hacienda. Solo cumplieron en 2004, 2005 y 2006. Son, con diferencia, las comunidades que han registrado un mayor número de desvíos, según los datos recabados por Cinco Días. Cantabria, con ocho incumplimientos, y Baleares, Castilla-La Mancha y Murcia, con siete, también figuran entre las comunidades que más veces han quebrantado la estabilidad presupuestaria.

Cataluña y Valencia incumplieron el objetivo de 2015 y, en 2016, sumarán diez años consecutivos rebasando el tope de déficit público. Si bien faltan más de siete meses para acabar el ejercicio, resulta inviable que ambas comunidades puedan reducir su abultado déficit al 0,3% del PIB que establece el objetivo de estabilidad vigente.

Madrid, Galicia y Canarias destacan por ser las comunidades más cumplidoras. Entre 2003 y 2014, solo han superado el límite en dos ejercicios. Aun así, todo apunta a que, cuando a finales de marzo se publiquen los datos de 2015, Madrid estará entre las comunidades incumplidoras. En cualquier caso, la mayoría de comunidades incumplió el año pasado. También, la Seguridad Social superó su límite y el conjunto de la Administración Pública cerró por encima del 4,2% que exigía Bruselas. A falta de conocer el cierre, las estimaciones indican que España registró un déficit en torno al 5%. Este desvío hace que las probabilidades de que España cumpla en 2016 –cuando debe reducir su déficit público al 2,8%– sean prácticamente nulas.

La Autoridad Fiscal recomendó sin éxito fijar objetivos realistas para las comunidades con mayores numeros rojos

Todo ello, sumado a la incertidumbre política, a la elevada deuda pública que ronda el 100% del PIB y a las dudas de que España reduzca el déficit estructural (aquel que se calcula sin tener en cuenta el ciclo), llevaron a la Comisión Europea a lanzar un aviso al Gobierno de Mariano Rajoy. A través de una carta, Bruselas afeó el elevado déficit público y recomendó que el Ejecutivo aplique en toda su extensión la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Esta norma contempla la aplicación de medidas preventivas, correctivas y coercitivas para las autonomías que incumplan de forma reiterada el objetivo de déficit público. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha evitado recurrir a las disposiciones legales más expeditivas y que contemplan, por ejemplo, establecer sanciones equivalentes al 0,2% del PIB, enviar hombres de negro de Hacienda a las comunidades o intervenir directamente una autonomía.

El efecto de incumplir el déficit se limita a la presentación de un plan económico-financiero en el que la comunidad fija medidas para reconducir la situación. En muchas ocasiones, todo queda en papel mojado y se vuelve a incumplir el déficit, lo que lleva a la elaboración de otro plan y así sucesivamente. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y también el Banco de España reclamaron antes que Bruselas que el Ejecutivo aplicara con mayor rigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Las comunidades en su conjunto llevan incumpliendo el déficit desde 2007, sin embargo, ello no significa que no hayan aplicado ajustes. Argumentan que sobre sus presupuestos recaen los pilares del Estado de bienestar (sanidad, educación y servicios sociales como la dependencia), donde el gasto es inelástico y el margen de recorte escaso.

Por otra parte, fuentes autonómicas lamentan que Hacienda fije objetivos de déficit que sabe a ciencia cierta que no se cumplirán. Ello, indican, contribuye a fomentar una imagen de mala gestión en el ámbito autonómico. En este sentido, la Autoridad Fiscal recomendó en julio que se fijaran objetivos de déficit menos exigentes para Extremadura, Baleares, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana ante la evidencia de que estas comunidades no tienen ninguna posibilidad de cumplir en 2016 y 2017. Según la senda de consolidación fiscal aprobada por Hacienda, cada comunidad autónoma debería rebajar el déficit público al 0,3% este año, al 0,1% el siguiente y alcanzar el equilibrio en 2018. Cataluña cerró en 2015 con un desfase en torno al 2,8%. Si bien 0,6 puntos corresponden a la imputación de gastos de años anteriores que no se repetirán en 2016, es inviable que la Generalitat reduzca sus números rojos al 0,3%.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, confía en que, tras el incumplimiento masivo de 2015, la mayoría de comunidades pueda ajustar sus cuentas a los límites de déficit. La semana pasada, Montoro recordó que las comunidades recibirán este año 7.000 millones más que el ejercicio anterior y, además, ahorrarán en intereses por los mecanismos de financiación como el FLA.

Sin embargo, la experiencia indica que el escenario más probable es que las comunidades incumplan nuevamente el objetivo de déficit, un desvío que previsiblemente se extenderá al conjunto de la Administración. Por ello, cada vez más voces piden renegociar con Bruselas suavizar la senda de consolidación fiscal.