El gasto público en enseñanza se reduce en 6.433 millones desde 2008

La educación concertada y la privada ganan peso tras los recortes

La educación ha sido una presa fácil escogida por la depredadora máquina de los recortes presupuestarios para cuadrar las cuentas públicas en España. En seis años (2008-2014), el dinero público destinado a esta materia, gestionado por las comunidades autónomas, se redujo de 46.227 a 39.794 millones, un ajuste de 6.433 millones de euros. Al mismo tiempo, los recursos para educación procedentes de las instituciones privadas, concertadas o no con las administraciones públicas, pasaron de 22.293 a 29.668 millones de euros, lo que representa un incremento de 7.375 millones en ese sexenio.

Estudiar primaria en un centro concertado cuesta el doble que en uno público

Este trasvase de fondos de lo público a lo privado es una de las conclusiones del informe Cuentas sobre la Educación de España 2000-2013, elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), presentado en Madrid. El hecho de que la financiación pública caiga significa que se paralizan o no se construyen guarderías, centros de primaria o institutos o que las ratios de las clases, lejos de aumentar, se mantengan o disminuyan ante la falta de medios para atender al alumnado.

Y eso ha servido para que la educación privada y concertada haya ido comiendo terreno a la pública. Los datos del informe subrayan que ese fenómeno ha sido especialmente apreciable en la educación infantil, primaria y en la educación secundaria obligatoria (ESO), en el que la privada y la concertada ya tienen en sus aulas a un tercio de los alumnos. “La financiación pública para centros públicos cayó antes y con más intensidad que la destinada a centros privados, que ha bajado menos”, aseguró Francisco Pérez, director de la publicación y director de investigación del IVIE.

El coste de un grado de Derecho en Madrid triplica al de Galicia

El hecho de que uno de cada tres alumnos estudie en centros privados o concertados ha sido un duro golpe para la renta disponible de las familias, en especial para las que menos recursos tienen, que han tenido que aceptar un gasto extraordinario, en muchos casos difícil de asumir en un escenario económico complejo, con unas tasas de paro por encima del 20% de la población activa o una devaluación salarial sin precedentes. El gasto que han tenido que destinar a educación se ha incrementado un 28% desde 2009 y los mayores incrementos se han producido en la universidad y en los centros privados.

Que un niño estudie primaria en un centro público supone un coste de 831 euros al año, mientras que si la opción pasa por un centro concertado la factura se duplica (1.662 euros) y se cuadruplica si la elección es un centro privado sin concierto (2.899 euros). A medida que el alumno va avanzando en su formación, las diferencias de precio se van agrandando. Y son especialmente sensibles en la ESO y en el Bachillerato, donde el coste anual del público (560 euros) es una tercera parte del concertado (1.426 euros) y una octava parte del privado (4.405)

La financiación pública para centros privados cae menos que a los públicos

Mención aparte merece la educación universitaria, en el que el coste de estudiar en un centro público se ha incrementado de forma exponencial como consecuencia de la subida de tasas aplicada en la última legislatura, mientras que los fondos para ayudas públicas (becas) se ha visto fuertemente recortada. El coste medio se sitúa en 1.213 euros, cinco veces por debajo de la tarifa en un centro privado (5.291 euros). El hecho de que las competencias en educación estén transferidas a las comunidades autónomas es la que ha provocado que cada una haya aplicado la subida de tasas con mayor o menor intensidad, tal y como fijó el decreto del Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012, elevando todavía aún más las barreras para aquellos que menos recursos tienen e incluso obligándoles a asumir un coste adicional si se tienen que desplazar a otra comunidad para estudiar.

Un ejemplo que ilustra esta situación es un grado en Derecho de cuatro años. Un alumno gallego pagará en torno a 600 euros al año (2.400 euros en cuatro años). Un alumno de Madrid deberá abonar 1.620 euros (tres veces más). Si la comparación se hace con una carrera universitaria en la que los créditos son más caros, como Medicina, la brecha entre Andalucía y Madrid llega a 6.000 euros.

Un fondo de reserva para garantizar los recursos

El informe de la Fundación BBVA y el IVIE recoge una serie de recomendaciones para garantizar los recursos para educación. Yla más importante, tal y como destacó Francisco Pérez, director de investigación del IVIE, es la creación de un fondo de reserva para desligarlos del ciclo económico. Este fondo tendría una estructura similar al creado por la Seguridad Social para garantizar las pensiones, aunque se nutriría a través de dotaciones presupuestarias. También se reclama una regla de gasto para controlar las subidas en ciclos alcistas y los recortes en los bajistas.

Otra de las sugerencias incluidas en el informe es la mejora de la financación en el primer ciclo de educación infantil, el que menos fondos públicos recibe, y una potenciación de los recursos en el primer ciclo de la primaria, con el fin de evitar un abandono escolar temprano.