Invertir en una Colombia en paz
El tratado fiscal para evitar la doble imposición beneficia a los inversores españoles
Alejandro Mesa, socio de energía, minería e infraestructuras de la firma legal Baker & McKenzie, señala que el fenómeno de la corrupción “ha estado presente tradicionalmente en todas las jurisdicciones latinoamericanas”, pero que en las últimas dos décadas “ha habido también un mayor desarrollo, por la inversión extranjera, de la lucha contra las prácticas corruptas, en particular en Colombia, que cuenta con una gran inversión de Estados Unidos, cuyas leyes se aplicaban a las empresas de dicho país”.
En 2011, Colombia promulgó una ley anticorrupción, que además de los tipos penales, reorganizó las contrataciones públicas. “Antes el precio del paquete técnico-financiero se daba a conocer previamente, lo cual provocaba mucha corrupción. Con el nuevo sistema de precalificación se valora si el proyecto es elegible o no, y luego se presenta la oferta económica. Son medidas relativamente sencillas, que han tenido un efecto profundo en mitigar el impacto de la corrupción”. Antes, explica, “se solía intentar que la oferta más barata no ganara. Se buscaba una excusa, un sello o un documento que faltaba… Ahora nadie sabe quién tiene la mejor oferta, y hay espacios para subsanar si falta algún documento”.
Además, Colombia ha creado una agencia de contratación “eficiente”, de compras centralizadas para todo el país de bienes y servicios estándar. “La visibilización ayuda a la transparencia. El escrutinio de los medios de comunicación es más fácil si los procesos son grandes que si son pequeños”. Esto a nivel nacional, aclara. “A nivel local y regional todavía se presentan problemas de corrupción. Es un proceso que se irá mitigando”. El tema de la transparencia, aparte de los procedimientos, depende “de que la gente se lo tome en serio”.
El acuerdo de paz entre el Estado y la guerrilla está fijado que se cierre el próximo 23 de marzo, dando fin a más de 60 años de conflicto. “Si se consigue, va a haber muchas más zonas del país abiertas a la economía. El Gobierno va a tener la responsabilidad de que los guerrilleros que se desmovilicen tengan trabajo, estén en proyectos. Va a haber una gran cantidad de zonas que se van a tranquilizar, donde va a ser posible hacer explotación petrolera. Ahora hay áreas a las que no se va porque son focos de la guerrilla, como Putumayo, en el sur del país, donde hay grandes reservas prospectivas de petróleo”. Además, bajarán los costes de protección de las infraestructuras.
Entre los sectores con más posibilidades en el país, Mesa destaca el agribusiness, agricultura más tecnología, especialmente en los Llanos Orientales, en la Amazonía. “Son áreas en los que no hay ninguna infraestructura, y con un criterio ecológico, hay grandes oportunidades de desarrollo”.
También las concesiones de carreteras son muy prometedoras, con 47 billones de pesos, 14 millones de dólares al cambio actual, de inversión proyectada en la cuarta generación.“Ya hay inversionistas extranjeros, entre ellos españoles. Colombia tiene un tratado para evitar la doble imposición con España, que hace que en términos impositivos las inversiones que hagan los españoles tengan un buen trato fiscal”.
Mesa destaca que ha cambiado el modelo institucional de concesiones. “Antes estaban diseñadas más como un negocio para constructores, con un anticipo, y luego se pagaba la obra con los ingresos de los peajes y otros elementos concesionados, pero los pagos a los constructores empezaban desde el momento de la firma, no se esperaba a recibir nada”. Así que hubo “grandes descalabros financieros, donde el contratista entró en bancarrota antes de que hubiera un resultado tangible”.
El nuevo modelo busca un contrato con una asignación de riesgos mucho mejor para el Estado. “Hay riesgos que asume el concesionario, riesgos que asume el Gobierno, y riesgos compartidos. El Gobierno solo empieza a pagar cuando recibe las unidades funcionales, tramos de carretera ya funcionando, donde se puede poner un peaje. Así se logra que la infraestructura se haga, algo que antes no necesariamente pasaba, y si el concesionario quiebra, hay step-in rights (subrogación)”.
Asociaciones público-privadas
Colombia promulgó una ley de asociaciones público-privadas (APP) en 2012, que afecta a todo tipo de infraestructuras (ferroviaria, telecomunicaciones, transporte). Pueden ser de iniciativa pública, vía concesiones, o bien de iniciativa privada. “Hay varios proyectos de carreteras que se están estructurando como APP, con muy poca o ninguna inversión estatal. Hay proyectos ferroviarios, de construcción de coliseos, temas de salud”.
Por último, Mesa destaca que la regulación en Colombia desde comienzos de los noventa es muy favorable a la inversión extranjera, para poder ser competitiva a pesar de la guerra y el tráfico de drogas. “Los modelos de expulsar empresas extranjeras fracasan. La economía globalizada tiene eso, recibir inversiones extranjeras, que apoyan el desarrollo nacional, la creación de empleo. La inversión extranjera tiene el mismo tratamiento que la local, y por regla general no necesita asociarse con un empresario local. Hay excepciones como la seguridad nacional, los hidrocarburos, o la radio y la televisión, donde no se puede tener más del 50% de inversión extranjera”. Pero en el sector eléctrico, una empresa extranjera, “y las españolas han sobresalido en eso”, puede perfectamente iniciar un proyecto para la generación o la distribución.
El abogado no descarta que se celebre un Mundial de fútbol en Colombia (iba a celebrarse en 1986, pero el país renunció por dificultades para construir las infraestructuras necesarias), pero cree que “hacen falta unos años”.
La inversión española
En todos los sectores hay oportunidades para las empresas española, dice Alejandro Mesa. “La inversión española es tradicional: Endesa, Gas Natural Fenosa, Santander (que estuvo muchos años, vendió, y ahora está de vuelta), BBVA. Los medios colombianos hablaban de conquista, por la gran cantidad de inversión que venía de España. Lo vemos como algo sano, de ahí el tratado para evitar la doble imposición.”
“El tema de la infraestructura es el tema de moda, pero se está tramitando un decreto para APP en materia de telecomunicaciones. El país tiene 50 millones de personas, una cantidad suficiente para exigir una gran cantidad de bienes y servicios de gran variedad, tras haber casi duplicado el tamaño de su clase media. La población cada vez demanda más cosas: infraestructuras, televisores, promotores inmobiliarios, centro comerciales, etc.”.
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