Editorial

Una solución para el estado del bienestar

Siempre hemos entendido que el futuro de las pensiones públicas es el segundo problema más urgente e importante del país, y que solo tiene solución si se resuelve el primero: la falta de empleo y de suficiente calidad. El propio presidente del Gobierno en funciones advirtió antes de las elecciones que uno de los grandes asuntos en los que todas las fuerzas políticas deben poner todo su empeño y empatía negociadora es en preservar el sistema de pensiones de reparto, que tiene ahora un abultado déficit y que lo tendrá más en el futuro si no se toma decisión alguna ante las variables que lentamente horadan la fortaleza financiera de la Seguridad Social.

Básicamente, tiene una dificultad presente y una preocupante amenaza futura. Con esta estructura productiva, el Estado de bienestar es poco sostenible, pues la ocupación existente no posee capacidad para financiar todo el gasto que generan los derechos subjetivos que los españoles tienen garantizados en las leyes en forma de prestaciones dinerarias, sean de retiro por vejez, de protección a la enfermedad o de seguro de paro. Y a ello se debe sumar la afilada espada de Damocles del envejecimiento demográfico y el endemoniado efecto sustitución que se produce en la entrada al mercado laboral y en la del sistema de jubilación.

Hoy en España hay solo 1,8 cotizantes por cada pensión pública, una ratio de cobertura en absoluto suficiente como para abonar las pensiones, como demuestra el recurrente déficit de explotación que genera la Tesorería de la Seguridad Social con estos números, y que deben ser sufragados con los ahorros del fondo de reserva, bastante mermado en los últimos años. Pero si extendemos a todo el universo de protección el ejercicio, al sistema de cobertura por desempleo, detectamos que la tasa de cobertura socioeconómica es de solo 1,48: un cotizante y medio por cada perceptor, o lo que es lo mismo, que por cada dos pasivos que cobran, solo hay tres activos que pagan.

Esta relación de dependencia solo puede quebrarse si de forma acelerada se incrementa el número de activos con contribución o se reduce el número de pasivos con prestación. Como esta última opción solo es posible entre el colectivo de desempleados, puesto que la implacable marcha del envejecimiento y la elevada esperanza de vida concentrarán cohortes cada vez más numerosas más allá de los 67 años, hay que volcar los esfuerzos en elevar la contribución. En número y en cuantías. Y para ello se precisa la combinación complicada de generar mucho más empleo, y mucho más productivo para que pueda disponer de bases de cotización más altas. La lentísima reducción de bases medias de cotización provocada por la devaluación interna que ha recompuesto la economía del país debe ser corregida con un modelo productivo volcado en el conocimiento, la tecnología y las manufacturas, el único que puede hacer frente a las nuevas tendencias comerciales globales y que resiste con solvencia los golpes bajos de las crisis. Y deben analizarse muy bien qué pasos se dan con la normativa laboral para no destruir lo que ha funcionado en los últimos años, aunque pueda ser corregido.

Pero como el agujero venidero de las finanzas de los sistemas de protección parece poco asumible en tan poco tiempo, como la parte de los pagos de la cuenta crece más rápida que la de los ingresos, serán necesarios ajustes adicionales inmediatos, que se resumen en algo tan simple como pagar más para cobrar menos. El cepo del factor de sostenibilidad financiera introducido en la reforma de las pensiones, y que entra en vigor en 2019, es una ley de hierro que mantendrá firme el gasto, pero no resolverá los problemas de futuro, puesto que reducirá las prestaciones de forma drástica sin cubrir las expectativas del retiro de los contribuyentes.

Por ello, el debate político debe comenzar a estudiar los números y buscar soluciones creíbles y asumibles por la ciudadanía. Debe garantizarse el sistema público de reparto, con las correcciones precisas, y debe dejársele claro a la gente hasta qué nivel de protección alcanza para que quien busque más, se lo provea en los mecanismos complementarios. Cualquier duda sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones paraliza el consumo y la inversión de determinadas cohortes de ciudadanos, y solo un modelo que despeje tales dudas refuerza la confianza y las expectativas de la gente.