Editorial

Garantizar las pensiones, problema número dos

Desde que arrancó la crisis financiera, económica y social en 2008 se han acometido dos reformas intensas del sistema de pensiones en España, complementadas además por retoques nada superficiales en varias ocasiones. Las primeras pretendían consolidar financieramente el modelo para los próximos años, ante la inmensa ola de envejecimiento que se le viene encima a España, y las segundas para tratar de minimizar los déficits financieros en los que ha entrado el mecanismo de pensiones en los últimos años. Elevar las bases de cotización máximas de forma brusca y durante cinco años sin hacer lo propio en las pensiones máximas, nacionalizar los beneficios de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, o considerar todo tipo de retribución como base de cotización (hasta los vales de comida) han contribuido a aliviar las cuentas, pese a que sigue siendo un ejercicio insuficiente. La Tesorería de la Seguridad Social cerrará 2015 con un déficit en torno al 1%, y habrá tenido que disponer de una cantidad significativa de los ahorros del fondo de reserva para abonar las prestaciones obligatorias. Y todo ello pese a que el empleo crece a tasas del 3% y de que los ingresos por cotizaciones lo hacen incluso por encima de ese nivel, y a que las pensiones vigentes prácticamente se han congelado en los últimos años (solo han subido un 0,25% en 2015).

En 2011 se prolongó la edad de jubilación de forma paulatina hasta los 67 años y se reforzó la contributividad exigiendo periodos más amplios de cotización para mantener las prestaciones futuras; y en 2013 se introdujo un nuevo mecanismo de revalorización que limita el avance al 0,25% y echó a andar el factor de sostenibilidad financiera, aplicable desde 2019, que es la única auténtica garantía de que las pensiones se abonarán en el futuro en función de la disponibilidad de recursos que proporciona el crecimiento económico, la evolución demográfica, el avance del empleo y la esperanza de vida en el momento de la jubilación. Este cepo garantiza que habrá pensiones y serán financiables, pero lo esperable a juzgar por el envejecimiento de la población es que será al coste del lento recorte de las cuantías reales.

Un informe elaborado por dos economistas ha calculado qué ritmo de descenso tendrán que encajar las pensiones de jubilación hasta el año 2080 aplicando este factor de sostenibilidad, manteniendo estable la normativa y con una evolución moderados de crecimiento y precios. El panorama es deprimente. Las cuantías de las pensiones, tanto máximas como mínimas, afectadas también por el factor de sostenibilidad, se recortarán hasta un 30% en 2050, y otro 20% adicional hacia 2070. Ante tal panorama, solo con la búsqueda de fórmulas complementarias de renta pueden los cotizantes españoles asegurarse el disfrute de un nivel de vida apropiado cuando lleguen a su retiro. Eso supone un ejercicio de ahorro sistemático que puede expresarse en todo tipo de activos, desde inmobiliarios a financieros, pero bastante generalizado, pues calculan que solo quienes ganen menos de 22.000 euros constantes de hoy verán satisfecha con la pensión de la Seguridad Social la renta precisa para mantener el nivel de vida del que disfrutan ahora.

Por tanto, la Seguridad Social, que ha sido en Europa siempre un signo de identidad y de compromiso entre generaciones y niveles de renta, debe seguir perfeccionándose para ser garantía de estabilidad económica y social. Lo que supuestamente resta en competitividad por el fuerte componente impositivo que tiene su financiación, lo devuelve holgadamente en estabilidad y protección de las generaciones de más edad. Por ello, España debe mantener vivo su sistema de protección, corrigiéndolo de forma continua. Ese es el segundo problema que tiene el país y que hay que afrontar, necesariamente, solucionando buena parte del primero, que es la falta de empleo. Y ambos deben hacerse con el mayor grado de consenso nacional.

Pero hay que admitir que será muy complicado seguir ofreciendo retornos como los actuales a futuro con un perfil demográfico tan agresivo como el español, con un envejecimiento acelerado desde 2025 hasta 2050, que solo puede ser neutralizado con nuevos flujos migratorios, y con una política natalista decidida, como la practicada en otros países que tuvieron antes este mismo problema.