El proceso catalán entra en los bufetes
Es necesario asesorar a los clientes ante cualquier escenario posible y mantener la política al margen de la profesión
Los bufetes españoles, y particularmente los arraigados en Barcelona, no son ajenos al convulso estado político y social en el que está inmersa Cataluña: la hoja de ruta dirigida a lograr la independencia de dicha comunidad autónoma, auspiciada por una significativa parte de las opciones políticas catalanas y rechazada con la misma intensidad por otras tantas.
Esta situación está provocando un doble efecto en el negocio legal. Fuentes de algunos despachos con origen catalán, pero que operan también en Madrid y otras localidades, reconocen que es un tema “espinoso” por las diferentes posiciones existentes entre sus socios. Por eso, prefieren no profundizar en sus debates internos. “Si el asunto genera distanciamiento y, a veces, conflicto entre familias o amigos, entre socios y compañeros de profesión también sucede”, expresa, reservando su identidad, el socio director de uno de estos bufetes.
También hacia el exterior, los bufetes recogen, al menos, la inquietud de sus clientes y se ven obligados a asesorarles sobre sus negocios, teniendo en cuenta la situación política y sus riesgos. “Es un asunto preocupante y que tenemos presente en nuestra actuación profesional”, coinciden todas las fuentes.
El socio de AGM Abogados, que con sede central en Barcelona opera también en Madrid y que cuenta con numerosos clientes extranjeros, reconoce que el asunto “preocupa a la firma y a los clientes, especialmente a los internacionales, que no disponen de una información tan precisa como la nuestra. Nosotros, como operadores jurídicos, debemos tender a ofrecer valor y alternativas. Para ello, trabajamos clarificándoles qué escenarios podrían existir en el futuro y sus alternativas”.
Agustín Bou es socio de Jausas Abogados, una firma con más de 50 años de historia y con sede central en la Ciudad Condal. Bou es un especialista de referencia en operaciones de compra y venta de empresas y reestructuraciones, particularmente en situaciones límite, las conocidas como distressed M&A. “En Jausas Abogados, cuando algún cliente nos pregunta sobre la situación política en Cataluña, nos centramos en darle una opinión exquisitamente profesional. La política la dejamos para los políticos, y sobre ella no nos preguntan los clientes”, explica Bou, quien califica de “momento suflé” el estado de la cuestión catalana.
Los despachos se mueven
Los despachos dedicados a la abogacía de los negocios y al asesoramiento empresarial han recibido estos últimos meses un sensible incremento de consultas y peticiones de asesoramiento acerca de los mecanismos, costes, riesgos y beneficios de trasladar empresas de unas regiones a otras, según reconocen la mayoría de las fuentes consultadas.
Los expertos no quieren establecer una vinculación entre la situación política en Cataluña y el incremento de las consultas en esta dirección, pero admiten su realidad. “Puede haber un componente político, fundamentalmente referido a la confianza en la seguridad jurídica, pero hay otros, como la existencia de incentivos fiscales o estrategias de desarrollo”, indica uno de los expertos fiscales consultados. Además, apuntan, la entrada en vigor en 2015 de la reforma de la Ley de Sociedades de Capital ha simplificado los trámites legales para el traslado de la sede social de una empresa, bastando un acuerdo del consejo de administración para efectuar el cambio.
Según informaba el diario El País, en su edición del pasado 22 de noviembre, hasta esa fecha se habían ido de Cataluña 683 empresas que en conjunto facturaban más de 1.500 millones de euros, de las cuales 306 recalaron en Madrid.
“En torno al 9 de septiembre hubo un momento de gran preocupación en el despacho. Se nos consultaba directamente sobre los riesgos de realizar operaciones en Cataluña, y me consta que hubo un freno en muchas inversiones, que no vinieron a Cataluña, pero tampoco fueron al resto de España”, añade el socio de Jausas Abogados.
El problema es que estas inversiones se fueron al extranjero. Bou reconoce que a su despacho llegaron “claras señales de riesgo”, que les hicieron ver la posibilidad real de una fuga de inversiones. Una apreciación que, señala, “se ha mitigado desde la elección del nuevo presidente en la Generalitat. Ahora, la preocupación ha pasado al ámbito español”, debido al resultado de las elecciones del pasado 20 de diciembre.
Según Agustín Bou, después de la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat de Cataluña, el pasado 10 de enero, “los inversores extranjeros se siguen interesando por la situación en la región, pero su mayor inquietud la genera la tesitura política de España. Al inversor le inquieta tanto la indefinición en la formación del Gobierno como un Gobierno con participación de partidos como Podemos. Se ha derivado la intranquilidad sobre el tema catalán a una preocupación sobre España en general”.
Confiesa también Agustín Bou que ha visto cancelar inversiones sobre las que se le había pedido asesoramiento. “Estas decisiones se basan más en factores psicológicos que tangibles, pero tienen efectos reales y hacen que las inversiones se vayan”. A modo de ejemplo, relata que hace unos meses el organizador de un importante evento “me solicitó una opinión legal acerca de los riesgos sobre esta inversión, que finalmente salió fuera, ya no de Cataluña, sino de España”.
Carlos Blanco, socio director de Blanco y Silva Abogados (bufete especializado en mercados de capitales y con sede principal en Madrid), explica que “como poco, y aun sin intereses concretos, varios clientes nos manifiestan mucho interés en conocer la situación en Cataluña y de asesoramiento jurídico ante potenciales riesgos”.
“Lo que percibimos de nuestros clientes es una posición de esperar y ver”, dice Blanco, lo que tampoco es una actitud de efectos neutros, ya que “el dinero no tiende a quedarse quieto. Si necesita establecerse, buscará otros mercados”. Como abogado especialista en movimientos de capital, Carlos Blanco manifiesta preocupación, porque “el llamado proceso catalán viene a sumarse a la indefinición en la formación del Gobierno en España y a la posibilidad de un Gobierno que no sea business friendly”. A esto se le suman las advertencias de la UE sobre la necesidad de llevar a cabo más reformas.
Cláusulas de salvaguarda en los contratos
Las leyes se tienen que cumplir, gusten más o menos, y España es un Estado de derecho. Eso es lo primero que les digo a mis clientes”, explica Agustín Bou, socio de Jausas Abogados en Barcelona. Desde el despacho “dejamos esto claro, para no caer en el error de confundir las declaraciones con los hechos jurídicos”, enfatiza el abogado cuando detalla el tipo de asesoramiento legal que practican en su firma.
Coincide en esta declaración de principios Carlos Blanco, de Blanco y Silva, quien recalca que siempre transmite a sus cliente la necesidad de recordar que “España es un Estado democrático y que funciona el imperio de la ley”.
Aun con ello, los abogados que trabajan en este entorno, cumpliendo con su deber de proteger y defender los intereses que les encomiendan, empiezan a introducir cláusulas de salvaguardia de las inversiones en la formulación de ofertas o contratos. “Ya desde hace algunos años, cuando existía riesgo de rescate de la economía española, se vienen introduciendo, por ejemplo, previsiones contractuales aplicables en caso de salida del euro”, comenta Blanco. Además, reconoce que se realizan contratos en los que existen “cláusulas antisecesión”, para prever posibles consecuencias de cambios sobre la configuración territorial.
A su vez, Jordi Rovira, socio de AGM Abogados, cree que su obligación para con sus clientes es “dar soluciones y alternativas clarificando sus riesgos para todos los escenarios posibles”.