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Reclama más medidas de ajuste

Bruselas avisa de la vulnerabilidad de España por su elevada deuda pública

El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, conversa con el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, durante el pasado Ecofin.
El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, conversa con el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, durante el pasado Ecofin.EFE

Bruselas advirtió hoy de los “riesgos” y de la “vulnerabilidad” que crea la elevada deuda pública española, de en torno al 100 % de su PIB, un lastre que cree que acompañará al país en la próxima década salvo que tome medidas “significativas”.

En 2007, España había logrado reducir su deuda pública al 35,5 % del PIB tras once años de tendencia a la baja. Pero, menos de una década después -con la crisis financiera, estallido de la burbuja inmobiliaria, rescate europeo para la banca de más de 40.000 millones de euros e importante contracción del PIB-, la cifra ha igualado el peso de la propia economía española.

La Comisión estima que esta tendencia al alza podría llegar a su fin este año, al marcar un 101,3 % para después experimentar una ligera rebaja el siguiente ejercicio hasta el 100,4 %, tal y como refleja en su informe trienal sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas de los Estados miembros, publicado hoy.

Sin embargo, las predicciones de Bruselas no son optimistas ya que estiman que España no logrará bajar su deuda pública del 100 % hasta 2020 y que ésta seguirá en el 92 % dentro de diez años. Eso sí, siempre y cuando la economía mantenga unas condiciones “normales” y se mantengan los esfuerzos fiscales.

Este “alto nivel de deuda pública representa una fuente de vulnerabilidad para la economía española”, afirma la institución, que avisa de los “altos riesgos” a medio plazo que esto puede suponer, sobre todo si algo se tuerce, aunque a corto y largo plazo no teme por la sostenibilidad de las arcas españolas.

La Comisión ve posible que el ritmo de reducción de la deuda mejore, pero a costa de unos esfuerzos estructurales “significativamente mayores” de los que a día de hoy están sobre la mesa.

En concreto, calcula que, para lograr reducir la deuda al 75 % del PIB en 2017, haría falta sumar en los próximos años 2,5 puntos porcentuales adicionales al superávit primario estructural del 0,2 % que la CE prevé en 2017.

Bruselas y los socios del Eurogrupo, conscientes del desincentivo que supone la celebración de elecciones generales a la hora de que los gobiernos mantengan la aprobación de reformas y ajustes impopulares, llevan meses pidiendo a Madrid que mantenga los esfuerzos y no deshaga el camino andado.

La CE está pendiente ahora del resultado de las elecciones generales en España, donde aún no se ha logrado un acuerdo para la formación de un Gobierno.

Bruselas querría ver un “Gobierno estable”, tal y como dijo hoy el portavoz comunitario Margaritis Schinas, quien eludió comentar si existe o no preocupación por la situación política del país.

Además, la Comisión espera que el nuevo Ejecutivo envíe una nueva versión del presupuesto general para este año más ajustado que el actualmente en vigor, que asegure que el déficit público se reduce este año por debajo del tope del 3 % exigido por la legislación europea, algo que ahora ve en riesgo.

España también está expuesta a la deriva de la economía mundial y de sus socios europeos, especialmente del resto de países del sur, sobre los que planean importantes incertidumbres.

Por una parte, se mantienen las dudas sobre la forma que adoptarán las turbulencias de los mercados emergentes y los efectos de la subida de tipos en Estados Unidos a lo largo de este año.

Por otra, los problemas del sector financiero portugués, la latente crisis griega y el inquietante estado de la banca italiana pueden crear tensiones a las que España sigue estando expuesta, pese a que su posición es en principio más estable que la de sus otros socios de la periferia.

Ante todas estas cuestiones y los diferentes escenarios que se pueden plantear, la conclusión de Bruselas es clara: España “presenta un alto riesgo a medio plazo desde la perspectiva del análisis de la sostenibilidad de su deuda”.

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