Altadis negociará los despidos el 26 enero
Altadis se sentará con los sindicatos el próximo 26 de enero con el fin de negociar el plan de reestructuración anunciado la víspera por la compañía, que afectará inicialmente a 471 trabajadores de su la fábrica de cigarrillos de La Rioja, que pretende cerrar el 30 de junio.
Según han apuntado a Efeagro fuentes de la compañía, “se determinarán en los próximo meses los despidos que pudieran afectar a las áreas de finanzas y ventas, aunque éstos previsiblemente se acogerán a prejubilaciones”.
Este plan de reestructuración obedece, según la empresa, a la falta de rentabilidad, y forma parte de la estrategia del grupo al que pertenece -Imperial Tobacco-, que ya decidió cerrar hace dos años la fábrica de Nantes (Francia) y está a punto de culminar el cese de la planta de Nottingham (Reino Unido).
Sus datos indican que España ha sufrido una caída de ventas en volumen de cigarrillos de más del 45 % en los cinco últimos años, debido, fundamentalmente, “a la presión regulatoria sobre el tabaco y el considerable aumento del comercio ilícito, provocado, en gran medida, por la situación de crisis económica”.
Con el cierre en La Rioja, se mantendrá sólo el centro que Altadis tiene en el municipio cántabro de Entrambasaguas, sobre el que -según la empresa- no hay riesgo de que se cierre, pues es “la única fábrica de cigarros mecanizados que el Grupo Imperial Tobacco posee en Europa”.
Fuentes de CCOO consultadas por Efeagro, han expresado su más “profundo rechazo”, máxime cuando en los dos últimos años la factoría de La Rioja ha realizado un ajuste de unas 200 personas para adaptarse a la producción del mercado español.
El sindicato ha exigido un marco de diálogo abierto a otras soluciones que no impliquen el cierre de la fábrica y a buscar soluciones para mantenerla activa, “incluso venderla a otro grupo”, han añadido.
Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, en un comunicado conjunto, han considerado que la decisión de Altadis de cerrar su fábrica de cigarrillos en Agoncillo (La Rioja) demuestra una “voracidad” que nada tiene que ver con la responsabilidad social corporativa de la que el grupo empresarial “presume”.
Ha pedido “la implicación de las administraciones públicas, tanto centrales como autonómicas, para evitar este atropello”.
