Editorial

Escenarios fiscales nuevos en las regiones

Las comunidades autónomas cerrarán 2015 con un desempeño fiscal decepcionante, salvo muy escasas excepciones. El déficit presupuestario duplicará con holgura los objetivos pactados con el Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en términos medios, pese al fuerte crecimiento de la economía y de los recursos públicos, y ahí siguen alojadas las verdaderas dificultades para que España logre, si finalmente lo logra, reducir el déficit fiscal hasta las cotas negociadas con Europa. En los últimos cuatro años de sacrificio generalizado, las Administraciones autonómicas, pese a que la gran mayoría estaba en manos del Partido Popular, han sido las más resistentes al esfuerzo para lograr un saneamiento de las cuentas públicas que devolviese la confianza de los inversores en España. Ahora siguen siéndolo, pero la composición mixta de una buena parte de los Gobiernos regionales y la ruleta rusa en la que se ha convertido la gobernabilidad de Cataluña augura episodios desconocidos todavía sobre el cumplimiento de los compromisos.

En siete comunidades ha comenzado el año sin disponer de un Presupuesto para el ejercicio, pese a que los Gobiernos regionales estaban constituidos desde mediados de junio, y pese a que además de administrar la sanidad, la educación y los servicios sociales, sus competencias llegan poco más lejos que elaborar las cuentas regionales. Los pactos complejos para conformar Gobierno en las regiones que cambiaron de signo político han impedido cuadrar las cuentas, lo que da una idea explícita del grado de compromiso de las minorías que amparaban a los nuevos presidentes y que han derivado más en obstrucción que en cooperación. Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Navarra no tienen hoy cuentas para 2016, mientras que Cataluña y Asturias han tenido que prorrogar las de 2015.

Estos ejemplos de Administración imperfecta no deberían contagiarse a la Administración estatal, ahora pendiente de unos pactos de difícil consecución dadas las dificultades de los dos partidos tradicionales para lograr concitar mayorías claras que sustenten un Ejecutivo. El hecho de que el Presupuesto del Estado y la Seguridad Social estuviese aprobado antes de disolver las Cortes es una garantía de funcionalidad de los ingresos y los pagos públicos.

Además de la parálisis presupuestaria en una buena parte de las regiones, se producen ajustes impositivos apreciables en nueve autonomías, con subidas en casi todos los territorios en los que el Gobierno ha virado a la izquierda, en muchos casos de la mano del apoyo de Podemos. En varias de las regiones ha sido la creación de partidas adicionales de gasto de carácter social la que ha exigido la aplicación de impuestos más altos para tratar de conservar los niveles ya exagerados de déficit, cuando sus compromisos obligan a reducirlo a marchas forzadas.