Editorial

Transparencia y gestión en los impuestos

La Agencia Tributaria ha hecho pública, por fin, la lista de las más de 4.500 sociedades y de 345 personas físicas que le deben al menos un millón de euros en impuestos una vez agotados todos los plazos voluntarios de regularización fiscal. En la relación aparecen empresas de la construcción, inmobiliarias, clubs deportivos, deportistas y figuras públicas del espectáculo, y en algunos casos contribuyentes que ni siquiera tienen ahora su residencia fiscal en España, como es el caso del piloto de motociclismo Dani Pedrosa, que la radica en Suiza y adeuda más de siete millones de euros. La relación es un muestrario ejemplarizante que deja en evidencia a multitud de personajes con proyección pública que engordan su patrimonio a costa de la demanda de sus actividades por parte de los contribuyentes que religiosamente cumplen con sus obligaciones tributarias, y a costa de eludir el ejercicio solidario y legalmente obligado del pago de los impuestos. Si nos parece normal que ante determinados comportamientos poco éticos por parte de personajes públicos, fundamentalmente deportistas, las empresas reaccionen extinguiendo la relación de patrocinio muchas veces millonario, debe convertirse en normal que en España se replique tal actitud.

Pero la publicación de esta lista, que reglamentariamente ha superado todos los controles y ha respetado el derecho de defensa de los morosos, no debe servir únicamente para sacar los colores a los afectados. La Hacienda pública debe seguir con los procedimientos en marcha para cobrar hasta el último euro de los morosos, y debe movilizar normativamente sus capacidades para que la transparencia llegue más allá del corte del millón de euros, puesto que la sociedad exige el mismo trato a quien debe un millón de euros que a quien adeuda 999.999, por cierta que sea la necesidad de colocar un punto concreto de corte para exponer a unos y eximir a otros del escarnio público.

Los esfuerzos por la recuperación de recursos públicos se han intensificado en los últimos años y, por crecientes que sean los ingresos recuperados, siempre serán insuficientes como para dar por erradicado el fraude fiscal, que está tan arraigado en los pequeños pagos como en las rentas y patrimonios más elevados. Nunca se ha hecho una estimación oficial del fraude, pero las elaboradas por determinadas instituciones admiten que el cumplimiento de las obligaciones tributarias de todos los agentes corporativos y personas físicas sería suficiente como para eliminar el déficit fiscal generado cada año. La misma intensidad y celo que se ha puesto para criticar las políticas de recorte de los gastos públicos obligados por la grave situación de las finanzas públicas en los últimos años, debe ponerse para exigir el pago de los tributos a quien no lo hace y para espolear a los poderes públicos en la aplicación completa de la norma para agotar todas las posibilidades de cobro.

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