Más transparencia y una revisión en la dependencia

Lo que en 2006 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero presentó como el cuarto pilar del Estado del Bienestar, pactado con los agentes sociales, nació ya con el problema el mismo problema que se ha agravado con la crisis: la financiación. La escasez de recursos y la descentralización del sistema ha provocado muchas desigualdades para los ciudadanos según en el territorio en el que vivan.

El sistema de dependencia debe contar, ante todo, como un gran logro para este país, ya que en noviembre de 2015, disfrutan de su derecho 788.542 personas dependientes de cuidados familiares y profesionales. Aunque los últimos cuatro años, con las dificultades financieras de la Administración central y de las comunidades autónomas, el ritmo en otorgar el derecho a nuevos beneficiarios se ha ralentizado y la lista de espera sigue creciendo.

Un reciente informe de UGT cifraba en 339.110 personas con derecho a recibir la prestación se encuentran en lista de espera.

La norma establece desde sus inicios que el sistema está financiado a partes iguales entre comunidades autónomas y Administración Central, a cargo del Imserso. Pero hay pocas cifras que aclaren si realmente así está sucediendo. Además, los beneficiarios también deber abonar copagos, en función de su nivel de renta, lo que complica los cálculos, ante la falta de transparencia por la multitud de agentes implicados.

El Estado paga lo que se denomina como nivel mínimo de dependencia y el nivel acordado, este último “suspendido por el PP en esta legislatura”, recuerda Enrique Martín, adjunto a la secretaría de políticas sociales CC OO. Los Presupuestos de 2016 destinan un total de 1.252 millones de euros al sistema, un 6,4% más. Pero esa es solo una pequeña parte del gasto. Desde 2009, la ley de financiación autonómica, destina alrededor de 2.000 millones adicionales para la dependencia, aunque al no ser una partida finalista, los Ejecutivos regionales pueden utilizar esos recursos para otras partidas, debido a las necesidades acuciantes de caja por la que han pasado numerosas autonomías. UGT, por su parte, cifra en 2.000 millones los recortes presupuestarios aplicados desde 2012.

El Tribunal de Cuentas cifró en un informe, sobre el ejercicio de 2012, que el conjunto de Administraciones gastaban 7.084 millones en la dependencia. Si se tiene en cuenta que el Gobierno central está obligado a desembolsar el 50% de la financiación y solo destinará en 2016 esos 1.252 millones, se ve de forma clara la falta de financiación del sistema.

“Nosotros calculamos que atender a todas las personas dependientes cuesta alrededor del 1% del PIB”, señala el responsable de CC OO, es decir, por encima de los 10.0000 millones.

Sube el copago

En la última legislatura, además, ha ascendido el tope máximo de copago de los usuarios del sistema, que anteriormente estaba en el 60% hasta el 90% del coste tanto de los servicios como de las prestaciones económicas que reciben. Los cálculos de CC OO sitúan el copago medio entre el 12% y el 20% (que solo afecta a personas con ingresos superiores a 532 euros), pero el sistema público de gestión no ofrece esa información.

“Los problemas del sistema no son solo de financiación, todos los agentes sociales debemos hacer una revisión en la próxima legislatura”, asegura Martín. Por lo visto en la pasada campaña electoral, varios serán los partidos que insistan en este camino.

Además, se deberá poner encima de la mesa las desigualdades entre territorios. En Canarias, el 40% de las personas dependientes siguen en lista de espera. En el caso contrario, en Castilla y León, solo es del 0,23% de los casos pendientes de la prestación.

Por otra parte, uno de los beneficios claros que aporta el sistema es el empleo creado desde 2006, desde 229.000 personas hasta las 365.000 en octubre de este año en el sector de los servicios sociales, a pesar de crisis y recortes.