Despejar el futuro de Bankia y BMN
La drástica reestructuración del sector financiero español parece que ha quedado enterrada bajo llave en el baúl de los recuerdos, aunque estos son todavía son muy recientes, y pesan en la memoria de los banqueros, clientes e incluso de los contribuyentes. Pese a ello, el sector debe acometer una nueva transformación si quiere seguir siendo el principal motor del país para la concesión de créditos. La baja rentabilidad de la banca europea en general, y de la española en particular –aunque las entidades financieras del país cuentan con un ROE (rentabilidad sobre fondos propios) más alto que el de sus homólogas del Viejo Continente– se ha convertido en el principal caballo de batalla que debe superar el sector, y es uno de los retos que debe abordar el nuevo Gobierno tras su formación, coinciden en señalar todos los banqueros y expertos.
Para ello, y ante un negocio cada vez menos atractivo que no compensa la operativa de trabajar bajo unos tipos de interés casi al 0% –y que durarán como mínimo hasta 2017, o eso parece–, el futuro Ejecutivo tendrá que poner en marcha una hoja de ruta para lograr que el sector sea más rentable.
El plan no tiene muchas alternativas, que la banca reduzca sus costes con su jibarización, lo que supone el cierre de más oficinas (unas 8.000 más según expertos), y la salida entre 20.000 a 35.000 empleados del sector, lo su sumaría la destrucción de 100.000 a 115.000 empleos en banca desde que se inició la crisis en 2008.
Una de las vías para conseguir este recorte es a través de las fusiones tanto a nivel europeo (que se espera que lleguen una vez cerrado el mapa bancario nacional), como español. Estas operaciones en general, según apuntan todos los expertos, han sido impulsadas por los diferentes Gobiernos, quienes a su vez debe facilitar en este caso otra oleada de ajustes. El subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, ya hizo referencia a principios de este mes, no solo a la necesidad de reducir la capacidad del sistema financiero europeo, sino que también reclamó a las autoridades que acompañen a las entidades en este proceso con el fin de que se produzca “de la manera más ordenada posible”. El mapa financiero español así volverá a reducirse para quedar únicamente, según aventuran todos los expertos, seis grandes entidades a las que acompañarán un conjunto de pequeñas firmas, como las cooperativas de crédito, que harán de contrapeso a la gran banca, sobre todo en las zonas rurales, en las que los gigantes del sector no están interesados al no ser rentables para ellos.
Pero antes de que se produzca este proceso de consolidación el nuevo Gobierno tendrá que abordar otro reto, la desinversión en Bankia, en el que el FROB controla el 63,8%, y en BMN, donde tiene el 65%. Una patata caliente que Economía ha dejado en herencia al futuro Ejecutivo.
El principal objetivo de estas privatizaciones es lograr rebajar la factura de las ayudas públicas recibidas en 2013 para sanear a una parte importante de las antiguas cajas de ahorros, entre las que se encuentra sobre todo el gigante de Bankia. Un talón de más de 61.495 millones de euros, de los que, según previsiones del FROB en el Congreso, se dan por perdidos casi 40.000 millones.
Hace unas semanas tanto el Banco Central Europeo (BCE) como Bruselas pidieron al Ejecutivo que acelerará la privatización de Bankia y BMN, objetivo que tenía previsto Economía para finales de este año, pero los bajos precios de la cotización de la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri, y en general el desinterés de los inversores por inyectar capital en la banca, han provocado el retraso de ambas desinversiones.
La cuestión ahora es quién está interesado en Bankia, banco que ha recibido 22.424 millones de euros en ayudas. Parece que Santander, BBVA o CaixaBank estarían dispuestos a su compra. Pero tendrían que poner sobre la mesa, según varios expertos, como mínimo su capitalización, unos 13.500 millones de euros. El PP defiende la salida del Estado del accionariado de Bankia con la venta de pequeños paquetes, como ya hiciera en 2014, el próximo año (aunque fijó por ley su privatización a más tardar en 2017), y la salida a Bolsa de BMN.
El PSOE prefiere una desinversión en una sola operación, aunque no fija fecha. Considera que hay que se debe aprovechar las previsibles buenas rachas del mercado. No está dispuesto, dice, a malvender. Ciudadanos habla poco de este asunto, pero también parece dispuesto a su privatización. Mientras que IU y Podemos apoyan la creación de una banca pública a través de Bankia y BMN, para lo que el partido que encabeza Pablo Iglesias está dispuesto a negociar con Bruselas.
En conclusión, el nuevo Gobierno debe garantizar una banca fuerte y solvente a largo plazo, coinciden los banqueros.