Una nueva política laboral
Se abren nuevos tiempos políticos y, con ellos, la ocasión de afrontar sobre nuevas bases los viejos problemas del mundo laboral. Prescindiendo de los fuegos de artificio, de las maniobras de distracción, de las demagogias y, por supuesto, de las generalidades e improvisaciones que hemos vivido durante la campaña electoral, el núcleo de la cuestión sigue siendo el empleo, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Conseguir más empleo, ante todo, y también mejor empleo es crucial para asegurar el mantenimiento de los estándares de protección social a los que aspiramos.
Es cierto que estamos en una senda de creación de empleo sostenida y que la destrucción de empleo parece haber quedado atrás. Pero las previsiones para 2016 siguen estimando una tasa de desempleo por encima del 20%, que cuadruplica la de Alemania, duplica la de Francia y casi duplica la de Italia. Y ello con crecimientos superiores de nuestro PIB. Más preocupante, sin embargo, que la tasa de desempleo es la de empleo. Estamos todavía lejos de una tasa de empleo que nos permita cierta tranquilidad respecto de la sostenibilidad del sistema de protección social e, incluso, perspectivas razonables de consolidación fiscal. A duras penas superaremos los 18 millones de ocupados y quedaremos aún lejos de los 20 millones que marcan el umbral de la citada tranquilidad. Por otra parte, la calidad del empleo que se viene creando, en términos de estabilidad y de retribución, no ayuda a la mejora de las cuentas sociales.
¿Cómo potenciar la creación de empleo? Ciertamente, olvidando toda veleidad de crearlo mediante la ley o la ampliación de las ya abultadas bolsas de empleo público. Pero tampoco confiando en los estímulos económicos, vía subvenciones o reducciones de cotizaciones sociales, que tienen un efecto limitado en el corto plazo y casi nulo en el medio y largo. En particular, la reducción de cotizaciones no puede mantenerse mucho tiempo y penaliza las cuentas, tan poco boyantes, de la seguridad social. No hay atajos. El empleo se crea favoreciendo la iniciativa y el desarrollo empresarial y no imponiendo costos exorbitantes al uso de la fuerza laboral.
Lo primero exige políticas adecuadas, siempre inspiradas por la libertad económica y la limitación drástica de trabas administrativas, y un marco laboral que no solo trate de garantizar los derechos laborales sino también de asegurar el desarrollo empresarial y la defensa de la productividad. Lo segundo, revisar la financiación de la protección social. Las cotizaciones sociales, que son un impuesto al trabajo, que penalizan su utilización y favorecen su sustitución, son en España de las más elevadas de los países de nuestro entorno y deberían reducirse sustancialmente, afrontando la financiación de determinados aspectos del sistema de protección social por la vía fiscal (valga el ejemplo de las pensiones de viudedad y orfandad, en las que debe prevalecer el carácter asistencial y que deben financiarse vía impuestos y no vía cotizaciones sociales).
Y la calidad del empleo tampoco se consigue por medio de imposiciones legislativas. Tendremos un empleo de calidad, estable y bien retribuido si el entorno económico, la competitividad empresarial y la productividad del trabajo lo permiten. Y ello exige políticas públicas favorables a la actividad económica y a la libertad empresarial. Una política industrial proclive a la consolidación de un sector industrial potente, con empresas razonablemente dimensionadas, una política de investigación y desarrollo mucho más desarrollada y una atención a la formación, en todos sus niveles, que nos rescate del desastre educativo en el que políticas educativas demagógicas y falsamente progresistas nos han sumido. Este es un punto clave: no podremos aspirar a estándares de vida del primer mundo con estándares educativos más cercanos, valga un punto de exageración, a los niveles del tercer mundo que a los del primero.
En lo que se refiere al marco laboral, es urgente su simplificación. El Código del Trabajo francés pasó de 600 artículos en 1.973 a más de 10.000 en la actualidad. Nosotros, sin un código unitario, no debemos estar lejos. Esta maraña normativa debe reducirse y simplificarse. Bastaría con proclamar unos pocos principios generales e inderogables y dejar a la negociación colectiva sectorial su desarrollo, y a la de empresa, su concreción. Paradójicamente, lo más importante para la creación de empleo de calidad es facilitar las reestructuraciones empresariales, la adaptabilidad empresarial en un entorno cada vez más rápidamente cambiante. Debería fijarse un costo estándar (como se ha hecho en Italia y en Francia) para la terminación de contratos por motivos económicos, evitando todo el aquelarre actual de las batallas judiciales en torno a las medidas de reestructuración. Debería facilitarse el recurso por parte de las empresas a medidas de flexibilidad interna, desterrando la idea de que en estos casos, como en los de despidos económicos, solo una situación negativa de la empresa justifica la modificación de condiciones laborales o la extinción de contratos.
Deberían abrirse nuevas vías de contratación laboral, lejos de los rígidos esquemas actuales, y debería, por último, refundarse la negociación colectiva, haciendo de ella un marco contractual dinámico para garantizar los derechos laborales pero, también, el desarrollo empresarial.
Federico Durán López es Catedrático de Derecho del Trabajo y consejero de Garrigues.