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Berlín presiona a Bruselas para que adopte medidas inmediatas

Merkel pierde los nervios por la crisis de los refugiados

Las consecuencias de la guerra de Siria dominarán esta semana la agenda de Bruselas, desde la reunión de hoy de ministros de Asuntos Exteriores hasta la cumbre europea del jueves y viernes. Europa intenta blindar sus fronteras, contener la llegada de refugiados sirios y cortar los canales de financiación y proselitismo del terrorismo islamista.

La gestión de todos esos frentes, según fuentes europeas, requiere calma y estrategia. Pero Alemania, según esas mismas fuentes, está perdiendo los nervios y presiona a Bruselas para que adopte medidas inmediatas.

El nerviosismo de Berlín se debe a la entrada en su territorio, solo en 2015, de un millón de refugiados y el previsible aumento de ese flujo si no cesa la contienda de Siria. Fuentes europeas acusan a Merkel de alentar la llegada de sirios, con declaraciones de bienvenida y selfies junto a los refugiados. Pero la canciller de plomo se ha visto desbordada y su parsimonia habitual se ha transformado en precipitación y bandazos que están tensando la relación de Berlín con el resto de capitales europeas.

En Alemania cunde la sensación de que los socios europeos se están tomando la revancha por la dureza de Merkel durante la crisis de deuda de la zona euro. “Puede sonar cínico, pero son tiempos de ajuste de cuentas en Bruselas y Alemania está sufriendo las consecuencias de su comportamiento”, señala el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, en una reciente entrevista con la revista Spiegel. Schulz exculpa a Merkel y atribuye el daño causado al ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble.

Cierta o no la tesis de la revancha, la realidad es que Merkel se ha visto acorralada ante un problema que por primera vez golpea su popularidad. La primera vía de escape planteada por Alemania fue la de comunitarizar la política de asilo, con un sistema permanente y obligatorio de reparto de refugiados. Pero numerosos países, incluida España, se negaron en redondo.

La segunda opción fue el reparto ad hoc de 160.000 refugiados, una fórmula aceptada a regañadientes y a condición de que no sirva de precedente. Aun así, parece dudosa su aplicación y tanto Gobiernos aliados de Merkel (Hungría) como socialistas (Eslovaquia) han anunciado que impugnarán el reparto ante el Tribunal de Justicia europeo.

El último aspaviento de Alemania, secundado por una Francia traumatizada por las matanzas del 13N, es crear una fuerza europea de protección de fronteras. La Comisión Europea, siempre dócil a los deseos de Berlín, tiene previsto hacer suya mañana esa iniciativa, con un plan para compartir recursos policiales nacionales a través de la Agencia europea de fronteras (Frontex).

La propuesta de la Comisión se queda muy lejos de los deseos de Berlín de un cuerpo policial europeo con capacidad autónoma para vigilar las fronteras exteriores. Fuentes diplomáticas incluso describen el proyecto de la CE como “otra improvisación más para calmar al Gobierno alemán, cada vez más nervioso”.

Pero ni siquiera ese plan de mínimos tiene garantizada la luz verde. Merkel no tendrá fácil lograr el consenso de los 28 socios sobre un problema en el que se cruzan las políticas de emigración, acogida y seguridad.

De momento, el borrador de conclusiones de la cumbre europea (17 y 18 de diciembre) solo insiste en la necesidad de “garantizar que Frontex y EASO [la Oficina europea de apoyo] tengan acceso al personal y equipamiento necesarios”. Según el último recuento de la Comisión, Frontex solo ha recibido 320 de los 775 efectivos reclamados para ayudar a Grecia e Italia. Y EASO, 177 de las 374 personas solicitadas.

El capital prometido para ayudar a los países de tránsito y origen a frenar la llegada de emigrantes o refugiados tampoco se ha materializado. El presupuesto comunitario reservó 1.800 millones de euros para un fondo de ayuda para África y otros 500 millones para Siria. Los 28 países de la UE se comprometieron a igualar esas cifras. Pero apenas han aportado 72 millones para África y 52 millones para Siria, lo que deja un agujero de 2.166 millones.

La UE también ha prometido 3.000 millones de euros a Turquía. La Comisión pensaba aportar 500 millones procedentes del presupuesto común, pero ha tenido que doblar esa cantidad ante la renuencia de las capitales a cubrir su parte.

El absentismo de los comisarios alarma a Juncker

El absentismo de los comisarios europeos se ha convertido en una de las pesadillas de Jean-Claude Juncker, que preside el organismo desde noviembre de 2014. La presencia de los comisarios ni siquiera está garantizada durante la reunión semanal de la Comisión, en la que de forma colegiada se adoptan las decisiones más importantes de la agenda comunitaria. La última reunión semanal al completo fue el 4 de marzo de 2015, según las actas de esos encuentros consultadas por CincoDías. Desde entonces, se han celebrado casi una treintena de citas, pero Juncker no ha vuelto a ver a sus comisarios todos juntos. En un reunión llegaron a faltar ocho de los 28 comisarios y otros dos asistieron por teleconferencia. En los últimos nueve meses, rara es la semana en la que no han faltado al menos cinco comisarios. El absentismo parece haber disparado las alarmas. Y según el semanario Político, Juncker se ha dirigido por escrito a sus comisarios para pedirles una asistencia más regular a una cita equivalente a la reunión de un Consejo de Ministros. Algunas de las ausencias parecen justificada por la agencia internacional de los comisarios, como en el caso de Federica Mogherini (Exteriores) o Miguel Arias Cañete (al frente de la negociación sobre cambio climático). En otros casos, las razones no parecen estar tan claras. Y algunos comisarios ya han llamado la atención por sus constantes viajes a sus países de origen.

Juicio sobre astilleros

El régimen fiscal de los astilleros españoles, que tanto encono provocó entre Madrid y Bruselas en 2013, está visto para sentencia.El Tribunal General de la UE se pronunciará el jueves sobre el recurso de España contra el dictamen de la Comisión Europea que calificó como ayuda de estado ilegal el llamado tax lease, ayudas sobre la sostenibilidad que permitía a los astilleros españoles atraer inversión. El entonces comisario de Competencia, Joaquín Almunia, exigió la devolución de esas ayudas millonarias. El Gobierno y algunos astilleros recurrieron y han defendido la legalidad de un régimen fiscal que, a su juicio, no ofrecía una ayuda selectiva ilegal como dijo la CE.

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