Competencia, la lucha contra la corrupción disfrazada
Qué hacer con los desahucios. ¿Cómo afrontar el paro? ¿Qué remedios aplicar para garantizar el pago de las pensiones? ¿Qué nivel de salario mínimo es el adecuado para asegurar a los españoles una vida digna? ¿Sanidad universal incluso para los emigrantes sin papeles? ¿Copago sanitario para todos?
Son solo un puñado de cuestiones que durante esta campaña electoral se escucharán y se debatirán con mayor o menor grado de demagogia. Sin embargo, es poco probable que los líderes de los cuatro partidos políticos con más opciones de victoria según las encuestas decidan enfrascarse en temas de regulación de la competencia. Cierto que es un tema complejo, pero tan pegado a la piel de la cotidiana existencia de los españoles que solo su olvido o su consideración como un tema de segunda categoría es de una torpeza atronadora.
La regulación del órgano que vela por la competencia en España y los dos que organizan y arbitran el día a día de dos mercados tan sensibles para el bolsillo de particulares y empresas como son la energía y las telecomunicaciones es de una importancia trascendental en estos tiempos.Poco o nada se ha debatido del funcionamiento de la CNMC, poco se ha discutido sobre los presuntos cárteles de las petroleras, poco o nada se ha hablado del acuerdo que desde hace años han mantenido los fabricantes de coches y su red de concesionarios para evitar, según ha resuelto la propia CNMC hace unos meses, que los potenciales ahorros en la fabricación de automóviles llegaran con toda su intensidad a los consumidores, que debido a ese acuerdo pagaban coches más caros de lo que en realidad, puridad y justicia deberían haberlo hecho.
Como una y otra vez se encargan de recordar los responsables de la CNMC, no hay nada más perjudicial para una economía, bien sea doméstica, bien sea empresarial, que un cártel atacando directamente el bolsillo de sus propios clientes. Es la figura económica más devastadora y, posiblemente, más injusta. Y en este ámbito la actividad de la CNMC, no solo durante estos cuatro años de legislatura, ha sido muy intensa. Eso le ha permitido descorrer un tupido velo que durante mucho tiempo ha impedido ver que la economía española, en no pocos de sus ámbitos, “es una economía eminentemente cartelizada”, en palabras de un reconocido experto en la materia.
Reforzar los poderes de la CNMC, reformar los gremios
Estar regulados en España por un derecho básicamente garantista tiene indudables ventajas para inocentes y presuntos culpables. Sin embargo, trae de la mano un retraso a veces insoportable en la materialización efectiva de las resoluciones de entes administrativos como la CNMC. Su aparente dureza en determinados casos muy sonados se diluye con el paso de los años, si es que no desaparece, cuando sus decisiones son interpretadas o contradichas por los tribunales ordinarios. En muchas ocasiones quedan en nada. Por lo tanto, cualquier refuerzo en los poderes ejecutivos que se otorguen a la CNMC y los organismos reguladores que de ella dependen no hará sino abonar la eficacia real de un ente que hasta el momento ha demostrado ser un instrumento eficaz de lucha contra los acuerdos ilegales entre empresas.Por otra parte, sigue siendo necesaria una ley que revise el papel de los colegios profesionales en el marco trazado por Europa, como reconocen también algunos responsables de los gremios. Si los distintos actores involucrados introdujeran en el debate un elemento de entendimiento mutuo, todos saldrían ganando.
Pero no se han dado ideas en los programas electorales, en los debates televisados o en los mítines sobre cómo reforzar los ámbitos de decisión de la CNMC para que sus decisiones tengan un indubitado efecto en la eliminación de los cárteles y en las sanciones para sus actores.
Se ha pasado de puntillas sobre cómo lograr mayores multas, más eficacia ejecutiva de las resoluciones y que no se diluyan en un calvario judicial que provoca que no sean firmes hasta dos o tres años después de haber sido escritas.
Lo que opinan los partidos
PP. Mantener la unión de los supervisores en la CNMC como medida para ganar eficacia
PSOE. Reforzar los organismos de competencia y evaluar el funcionamiento de la CNMC.
Ciudadanos. Impedir que las generadoras y distribuidoras de electricidad formen parte del mismo grupo.
Podemos. Reforzar competencia en sectores estratégicos: energía, finanzas, telecomunicaciones
Solo con una decisión política determinante en este sentido se podrá evitar, como de hecho ha pasado, que a los españoles nos engañen y se logre distorsionar el precio de la leche, los coches, el acero, los champú, el cartón y un larguísimo etcétera. Se ha evitado, en algunos casos, una suerte de corrupción disfrazada de economía de mercado, pero que en realidad no lo es.
Para combatirla sí se ha desvelado como una eficacísima herramienta el chivatazo. Algo tan poco español como chivarse ha dado importantísimos resultados en España en la lucha contra los cárteles. Desde que se implantó el programa de clemencia con la nueva ley que regula el derecho de la competencia español, se han desmantelado 37 acuerdos entre empresas. Un programa que introduce una pizca de desconfianza brutal entre las compañías que deciden cartelizarse, ya que están a merced de que cualquiera de ellos o cualquiera de sus ejecutivos, con la promesa de no ser multado, denuncie.
Colegios profesionales
Otro de los problemas que se presentan a la hora de tomar en cuenta la regulación de la competencia es el papel de los colegios profesionales. Durante la legislatura que ya se agota, un borrador de ley preveía reformar estas corporaciones de derecho público. Nunca vio la luz. El mazazo definitivo al anteproyecto de Ley de Colegios Profesionales llegó el pasado 14 de abril por boca de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal: “Desde el propio Gobierno y el propio partido se planteó que no podíamos seguir adelante”, declaró ante los profesionales que acudieron a un desayuno informativo organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos. Pese a la intensa y persistente demanda de la Unión Europea para que España revisara la normativa sobre los gremios y con la espada de Damocles de “un posible procedimiento por infracción”, el anteproyecto fue “parado y retirado”.
La medida hubiera limitado las profesiones que necesitan colegiación para que se puedan ejercer. Los arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros por cuenta propia, en sociedades profesionales o en régimen de dependencia, mantenían esta obligación, pero solo “cuando se firmen proyectos o se dirijan obras”. “Existen un sinfín de actividades en las que el ingeniero con dependencia laboral, sin necesidad de firmar proyectos o dirigir obras, incurre en responsabilidades personales que pueden acarrear graves consecuencias para la empresa y para terceros”, advirtió el Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales.
Asimismo, el borrador de anteproyecto de ley establecía que los abogados que son asalariados de sus clientes (los llamados abogados de empresa) no necesitan colegiarse. “No hay dos abogacías diferentes, sino diversas formas de ejercer una sola profesión”, zanjó el Consejo General de la Abogacía Española.
Cuando se conoció la decisión del Ejecutivo de retirar el anteproyecto, los colegios profesionales, cuya movilización en contra no menguó nunca desde la presentación del primer borrador a principios de 2013, expresaron su satisfacción. “Esta ley nos parecía inaceptable”, manifestó Carlos Carnicer, presidente de Unión Profesional (UP), organización de la que forman parte 35 Consejos Generales de Colegios Profesionales en representación de más de un millón de adscritos a estos organismos. “Los colegios representan el 9% del PIB, el 6% del empleo directo y el 45% del empleo universitario, con una extraordinaria aceptación por parte de la ciudadanía. ¿Por qué tenemos que tocar lo que funciona?”, se preguntó.
“Debido a mi cargo me he movido mucho por las instituciones europeas y no he detectado nunca esta presión”, afirmó, por su parte, el presidente del Consejo Superior de los Arquitectos, Jordi Ludevid. Los colegios profesionales siguen necesitando “una buena ley”, admitió el presidente de la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros, Carlos del Álamo, para quien el último borrador conocido de este texto legal no resolvía los problemas de la ingeniería.
El legislador seguía apostando por una separación entre ingenieros que tenían que colegiarse obligatoriamente –los que firman proyectos o dirigen obras– y los demás, por lo que esta necesidad no estaba prevista, lo que calificó de “esquizofrenia”. La pelota está ya en el tejado del próximo Gobierno.