El cambio de Gobierno planea sobre el cementerio nuclear
El futuro de la planta depende de que el Gobierno lo declare de interés público El PP promete acabar su construcción y el PSOE, que lo revisará
El proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) que el Gobierno del Partido Popular desbloqueó al poco tiempo de llegar el poder, sigue empantanado cuatro años después. El trámite de autorizaciones en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sigue su trámite, pese al bloqueo al que está sometido el proyecto tras la decisión del nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha, que, a finales de julio decidió ampliar la zona especial de protección de aves (ZEPA) a los terrenos de la localidad conquense de Villar de Cañas, que albergará el llamado cementerio nuclear.
Esta decisión coincidió con la del pleno del CSN de dar su autorización al emplazamiento, lo que le valió el voto en contra de la consejera a propuesta del PSOE, Cristina Narbona, quien alegó que dicha autorización se dio sin que estuviesen listos todos los informes que se habían solicitado sobre el suelo. Además, los técnicos habían alertado de que el proyecto en un terreno de las características, resultaría más caro y más complicado de gestionar. Otra de las críticas que recibió el organismo que preside Fernando Marti es que la compañía estatal encargada de los residuos radiactivos, Enresa, había solicitado simultáneamente el permiso del emplazamiento y el de la construcción de la instalación, mientras que el consejo decidió otorgar el primero de ellos sin tener listo el segundo, con el objetivo de “dar un espaldarazo” al polémico proyecto, según fuentes del sector.
Además, a la vista del bloqueo al que lo ha sometido el Gobierno autonómico de Emiliano García-Page, el Ministerio de Industria, que tiene la última palabra, tanto sobre el emplazamiento como la construcción, ha decidido esperar a que se resuelva el recurso presentado por la Abogacía del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, contra la decisión de Castilla-La Mancha. En cualquier caso, de ganar este pleito, siempre podrá ratificar las dos autorizaciones del CSN al ATC. Se calcula que el consejo resolverá la autorización para sus construcción a mediados del año que viene.
En un informe interno del ministerio, la Abogacía del Estado reconocía el pasado verano que “el Acuerdo de Castilla-La Mancha bloquea la continuación del trámite para la declaración de impacto ambiental (DIA) del almacén”, cuyo trámite de audiencia habría que repetir. Asimismo, que no se podía conceder ninguna autorización relacionada con el ATC, en tanto no se resolviese un proceso judicial de “incierto resultado” y que “tardará años en resolverse”, según el informe.
Este recomienda, entre otras actuaciones, la declaración de interés público del proyecto por parte del Consejo de Ministros, al amparo de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la única que, según los expertos podría acabar con el bloqueo del Gobierno de Castilla-La Mancha. La única vía que, según fuentes jurídicas, podría desbloquear el ATC. Para demostrar el interés público, el Gobierno podría invocar ante la Unión Europa que la construcción de instalación ya está en marcha y que es necesaria y urgente para albergar sus residuos atómicos.
Pero el ATC se enfrenta también a los cambios políticos que puedan derivarse de las próximas elecciones generales. Solo el PP ha prometido terminarlo, mientras que el PSOE (verdadero artífice del mismo, que el Gobierno de Rajoy se encontró casi rematado) ha dicho que lo revisará. Algo que no figuraba en su programa electoral inicial y que en la Conferencia Política del partido que aprobó la versión final se incluyó a petición de García-Page.
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