Un grupo de bonistas presenta la primera demanda contra Abengoa
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decidirá si admite o no a trámite la primera querella contra la antigua cúpula de Abengoa, en concurso de acreedores desde el pasado 26 de noviembre, que ha sido presentada por dos bonistas que acusan a sus máximos directivos de buscar su “propio beneficio y lucro personal” al concederse indemnizaciones millonarias en lugar de “salvar a sus miles de inversores”.
La querella, presentada por el abogado Felipe Izquierdo, se dirige contra el expresidente del Consejo de Administración de Abengoa Felipe Benjumea y el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega, a los que se atribuyen indiciariamente un delito de administración desleal y otro de uso de información privilegiada.
El sistema de reparto de causas de la Audiencia Nacional ha derivado el procedimiento al Juzgado Central de Instrucción número 3, cuya titular, Carmen Lamela, decidirá sobre la competencia y admisión a trámite de la misma tras solicitar un informe a la Fiscalía, informaron fuentes jurídicas.
Los bonistas señalan que Benjumea y Sánchez Ortega eran “conocedores de la auténtica realidad económica-financiera” de la empresa y que buscaron su enriquecimiento “en vez de utilizar dicha información para salvar a miles de inversores que se verán atrapados en la situación concursal de la entidad y, de paso, a todos los contribuyentes españoles que deberán acudir a su rescate”.
Así, poco antes de que la compañía solicitara en un juzgado mercantil de Sevilla el preconcurso oficial de acreedores, Benjumea se adjudicó una “exorbitante” indemnización por importe de 11.480.000 euros.
Sánchez Ortega, que dejó la empresa en mayo pasado, percibió, por su parte, una “contraprestación post-contractual” de 4.480.000 euros, a lo que habría que sumar 3.300.000 euros en concepto de “bonus variable” que percibirá “a cuenta de 2015 hasta su salida”. Al cabo de unos días, según la querella, fichó por el fondo de inversión Blackrock y, un mes después, la gestora tomó “fuertes posiciones bajistas” en relación con los valores de Abengoa.
Los querellantes justifican la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos en que este tribunal es el competente en materia de “defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia”.
En este contexto, recuerdan que Abengoa tiene más de 50.000 accionistas dentro y fuera de España, cuenta con presencia en más de 80 países y emplea a 25.000 personas, de las que 6.700 trabajan en territorio nacional.
Además, señalan que el Estado podría llegar a perder cerca de 800 millones de euros, ya que el ministro de Economía, Luis de Guindos, señaló el viernes pasado que el “riesgo directo” de la Administración en la empresa es de 415 millones, de los que 210 corresponden a la aseguradora de crédito Cesce, 130 al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y 75 a Cofides. A esta cifra habría que sumar, según la querella, los 582 correspondientes a Bankia, “donde el Estado sigue teniendo el 64% del capital”.
Según los datos recogidos en este escrito, la empresa podría tener una deuda de unos 25.000 millones de euros, “algo más de la mitad del rescate financiero al Estado español”. Sus acciones de clase A y B llegaron a cotizar a 3,570 y 3,299 euros, respectivamente, y se desplomaron el pasado día 27 a 0,440 y 0,292 euros.
“El precitado descalabro por supuesto tiene su origen en una horrible gestión, que solo con el avance de la instrucción se verá si es reprobable o no penalmente”, señalan los querellantes antes de recordar que en Abengoa “se avecina” un expediente de regulación de empleo (ERE) para “miles” de personas.