El nuevo escenario económico

La regla de gasto amenaza a los ayuntamientos más saneados

Déficit público en España Ampliar foto

La regla de gasto es la gran desconocida de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada en 2012 en un escenario con un déficit y una deuda pública desbocada y una economía al borde del rescate. La norma, que salió adelante en los primeros meses de gobierno popular con el apoyo de CiU, UPyD y UPN, obligaba a tres compromisos con la UE: cumplir el objetivo de déficit, el límite de deuda y la regla de gasto.

La estricta senda de consolidación fiscal aplicada durante esta legislatura ha obligado a todas las administraciones a subir los ingresos y a reducir los gastos para cumplir los límites de déficit y deuda pactados con Bruselas. Prácticamente al margen ha quedado la regla de gasto, que consiste básicamente en que el gasto de las administraciones públicas no podrá superar la tasa de crecimiento del PIB a medio plazo. Este último índice lo elabora anualmente el Ministerio de Economía y ha quedado fijado en el 1,8% para este año. Dicho de otra manera, que el gasto público de las administraciones no podrá superar en ningún caso ese nivel, con independencia de que sus cuentas estén saneadas.

Sin embargo, la norma encierra numerosas salvedades. De esa partida de gasto quedan excluidos el gasto en pensiones y en desempleo, los intereses de la deuda, las transferencias a autonomías y ayuntamientos ligadas al sistema de financiación y las inversiones sostenibles en el caso de los ayuntamientos hasta alcanzar lo que técnicamente se conoce como gasto computable.

Madrid no puede gastar el superávit de 1.330 millones por su deuda

La consolidación fiscal de 2012 y 2013 llevó a que Estado, autonomías y ayuntamientos redujeran de forma drástica su gasto público y que por lo tanto no hubiera posibilidad de que se aplicara la regla de gasto. Ya en 2014, un gran número de ayuntamientos y algunas autonomías cumplieron el objetivo de déficit y de deuda, pero al mismo incumplieron la regla de gasto. Y esta situación llevó a que una autonomía (País Vasco), habiendo cumplido el objetivo de déficit (cerró en el 1% comprometido) y rozado el de deuda (14,1% del PIB regional frente al 13,9% solicitado), tuvo que confeccionar un plan de ajuste por el incumplimiento de la citada regla.

La tasa de variación del gasto computable fue del 3,3%, cuando la tasa de crecimiento de la economía a medio plazo era del 1,5%. El plan de ajuste ya ha recibido el visto bueno de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal (Airef), que considera que las previsiones harán que el avance del gasto computable se ajuste a lo marcado por Economía.

Y ahora el foco está en las administraciones locales, que cerraron el pasado ejercicio con un superávit de cinco décimas y que este año también tendrán un excedente fiscal similar, en torno a 5.000 millones de euros.

1,8% es el crecimiento a medio plazo de la economía en 2016

El cumplimiento del objetivo de déficit, sin embargo, no les faculta para poder gastar todo el superávit. Y el caso más llamativo es el del ayuntamiento de Madrid, que tuvo un excedente de 1.330 millones de euros en 2014. El de este año, según las previsiones del consistorio, rondará los 1.000 millones.

Un colchón que ha llevado al equipo de la nueva regidora, Manuela Carmena, a replantear el debate sobre la aplicación de la regla de gasto y la libertad de las administraciones para gestionar su presupuesto. Hacienda ya ha advertido al consistorio que tendrá que cumplirla y que todo el excedente que deje sin gastar deberá dedicarlo para reducir el endeudamiento. El último dato disponible, correspondiente al segundo trimestre de este año, establece que el consistorio tiene un pasivo de 5.637 millones, por encima del registrado por cuatro comunidades autónomas: Navarra (3.586), Extremadura (3.391), Cantabria (2.547) y Asturias (3.789); y el del conjunto de las empresas públicas de todas las administraciones (5.344). Todo ello pese a la fuerte reducción de la deuda desde los 7.787 millones registrados en junio de 2012.

La Airef advierte de un riesgo similar en el caso de los ayuntamientos de Barcelona y Valencia, que tuvieron excedentes presupuestarios de 204,8 millones y de 133,5 millones, respectivamente. Los tres consistorios están gobernados por plataformas ciudadanas (Ahora Podemos, Barcelona en Comú y Compromis) de izquierdas, que abogan por revertir con el gasto los recortes aplicados por sus antecesores en el cargo.

Fractura en la FEMP por la reforma local

LRSAL. Esas cinco letras, que son el acrónimo de la Ley de Redimensionamiento y Sostenibilidad de la Administración Local, han abierto una brecha entre los ayuntamientos y han sembrado la discordia en la cúpula directiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) apenas a dos meses de su constitución.

El alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero, inició hace un mes una batalla para la derogación de esa norma ya que, en caso contrario, el 1 de enero se producirá el cierre masivo de guarderías, centros de mayores y ambulatorios. La razón era que en esa fecha las competencias en sanidad, educación y política social pasarían a manos de las autonomías, muchas de ellas en déficit y sin recursos para prestarlas.

La escenificación de la fractura se produjo tras el pleno del pasado 24 de noviembre. El alcalde de Santander y vicepresidente primero de la Federación en representación del PP, Íñigo de la Serna, cargó duramente contra Caballero, al que acusó de generar “una injustificada polémica artificial con fines electoralistas”. De la Serna esgrimió un informe de la Abogacía del Estado en el que se garantizaba la prestación de los servicios públicos en todos los escenarios. En el caso de que una comunidad no tenga fondos, será el Estado central el que los prestará y posteriormente recuperará esa cantidad detrayendo la parte correspondiente de la participación que esa autonomía tiene en los ingresos del Estado.

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