Emplaza al Gobierno a cambiar la normativa energética

La CE exige mayor potestad para la CNMC sobre las tarifas eléctricas

El procedimiento sancionador incluye una denuncia del monopolio de REE y Enagás

José María Marín, presidente de la CNMC
José María Marín, presidente de la CNMC

La Comisión Europea considera que España incumple la Directiva 2009/72 sobre mercado interior de la electricidad en lo que se refiere al establecimiento de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución por parte de la CNMC. Así se lo hizo saber al Gobierno el comisario de Energía, Miguel Arias Cañete, en la carta de emplazamiento remitida el pasado febrero al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Margallo. En ella, la CE también cuestiona los monopolios de REE y Enagás en la explotación de las interconexiones de electricidad y gas, respectivamente, por una mala transposición del tercer paquete de directivas al ordenamiento jurídico español, como adelantó el lunes CincoDías.

 Respecto al regulador, la normativa comunitaria obliga a que este organismo “establezca o apruebe, de conformidad con criterios de transparencia, las tarifas de transporte o distribución, o [como mínimo] sus metodologías”. En el procedimiento sancionador contra España, indica que “las metodologías correspondientes se han transpuesto de forma incorrecta en el derecho nacional”.

Según la Ley Eléctrica, la Administración del Estado fija la retribución de las actividades reguladas, así como la estructura de los cargos de los peajes de acceso a las redes, por lo que las metodologías de retribución deben tener en cuenta solo los costes derivados de dichos criterios. Por su parte, la ley de creación de la CNMC otorga a este organismo la potestad de establecer la metodología de los peajes, entendiendo por metodología “la asignación eficiente de los costes del transporte y la distribución”.

Sin embargo, según la Comisión Europea, la asignación de costes “es tan solo una parte de la metodología de la tarifa”, mientras que el cálculo de ingresos es aprobado previamente por el Gobierno. En este sentido, Bruselas denuncia que, dado “el escaso margen de apreciación que la ley española otorga al regulador”, no puede considerarse que este fije o apruebe, al menos, la metodología de tarifas”. Una falta de autonomía que se extiende también a las tarifas del gas natural, que están condicionadas por la retribución que determina previamente el Gobierno.

Por tanto, España vulnera la competencia exclusiva que la UE otorga a los reguladores, lo que conlleva una infracción del Gobierno. Otro tanto ocurre, según la CE, respecto al cálculo para fijar las condiciones de conexión a las redes eléctricas y a las instalaciones de gas natural licuado (GNL); a la prestación de servicios de balance y de acceso a las infraestructuras transfronterizas. También da un varapalo a España en cuanto a la autonomía del regulador para realizar inspecciones, para imponer sanciones y el control de inversión de los gestores de la red de transporte y de las medidas de salvaguardia.

Por contra, la UE considera que no se atienen a la normativa comunitaria los peajes únicos en todo el territorio que establece la Ley Eléctrica española. Curiosamente, una exigencia que el propio Gobierno rompió el año pasado al fijar una tarifa especial para la industria vasca y los regantes.

Según fuentes del sector, el Gobierno envió sus alegaciones el pasado mes de mayo y la Comisión Europea estaría a punto de responder a las mismas. Dos son las opciones sobre este procedimiento de infracción, producto de una larga investigación que la CE inició en 2013:o que lo archiveo que emita un dictamen motivado como paso previo a un recurso en el Tribunal de la UE.

En el caso del monopolio de Enagás en las interconexiones, la compañía considera que no le afecta, pues solo hay prevista una inversión de apenas 80 millones en la interconexión del Midcat. Sobre la exclusividad en la red troncal, añade que no hay inversiones previstas en la planificación nacional. Sin embargo, existe otro rival, Reganosa, que, aunque tiene el certificado como tal, no puede acceder a la explotación de lo que hasta 2009 se denominaba red primaria.

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