Gerardo Sánchez Revenga, presidente de Aesmide

“Remunicipalizar servicios no es rentable y es un error”

“Remunicipalizar servicios no es rentable y es un error”

Sánchez Revenga (Toledo, 1947) ha sido cocinero antes que fraile. Interventor en el CSIC o en el Consejo de Estado, secretario general de la Intervención del Estado durante doce años y delegado especial de Hacienda en Renfe durante otros seis. Desde 2009 preside la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas (Aesmide), integrada por 60 compañías que facturan 40.000 millones y emplean a 230.000 personas. Cree que es imprescindible priorizar la colaboración público-privada para que la inversión no se paralice y se dinamice la actividad en sectores con grandes posibilidades de futuro, como el de la eficiencia energética.

Pregunta. La crisis ha reducido sensiblemente el presupuesto público en inversión y en mantenimiento de las infraestructuras. ¿Cómo ha impactado en sus empresas?

Respuesta. El presupuesto ha caído y nuestras empresas se han tenido que ajustar para ser más competitivas, mientras que las que no han podido hacerlo han sido expulsadas del mercado. En estos tiempos de crisis se ha puesto sobre la mesa la asignación de recursos escasos. El buen gestor tiene que gestionar con eficiencia tanto en tiempos de crisis como de bonanza y crecimiento. La Administración pública tardó más tiempo en ajustar los presupuestos que las empresas, con un inconveniente:que una gran parte del gasto que tiene el sector público es en personal y es muy difícil de mover. Eso obligó a que el mayor ajuste se hiciera en inversiones y en mantenimiento. El recorte ha mejorado un poco en el último presupuesto.

P. La constitución de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) trata de corregir los desfases de gasto.

"No me gusta quelas auditorías de gasto público se conviertan en armas arrojadizas entre partidos políticos”

R. La centralización de servicios puede generar ahorros. Nuestras empresas lo han hecho en el Ministerio de Defensa, unificando en un solo contrato la gestión de la eficiencia energética, la limpieza o el combustible. Pero hay que ser racional en la centralización, ya que muchas veces una sola compañía no es efectiva y los contratos tienen que ser adjudicados a uniones temporales de empresas (UTE). El proyecto se está llevando a buen ritmo y con experiencias interesantes. Hay muchas veces que una sola empresa no puede cubrir todo el ámbito de un concurso y por eso subcontratan a otras firmas.

P. Algunos alcaldes elegidos en los comicios del 24M han abogado por auditorías de gasto público para controlar y racionalizar el mismo.

R. Las auditorías de gasto público se han hecho en la Administración central. No hay tradición en las autonomías. Lo que no me gusta es que las auditorías de gasto público se conviertan en armas arrojadizas entre partidos políticos: que llegue un gestor nuevo y diga que va a auditar todo. La auditoría tiene que dar respuesta del funcionamiento de una Administración o de si las compras las hace el órgano adecuado.

P. Otros regidores también han abogado por la remunicipalización de los servicios porque consideran que son muy caros.

“Autonomías y municipios no disponen de órganos de control sobre la corrupción, mientras que el Estado sí”

R. La empresa se dedica a gestionar de manera eficiente; cuando se acude a sus servicios es porque lo hace mejor que la Administración. Para que un municipio lo haga con la misma eficacia, tendría que tener personal, maquinaria e infraestructura adecuada para prestarlo. Creo que, si vuelve a una remunicipalización, es un error y no es rentable. Si a mí me dijeran que el municipio es más eficiente que la empresa en la limpieza de las calles, perfecto. Pero ¿cómo lo va a hacer? Hay que contar el dinero que tiene que poner o la gente que debe contratar para rentabilizar ese contrato.

P. La corrupción en la adjudicación de contratos públicos ha sido generalizada. ¿Por qué se ha producido?

R. Creemos que la corrupción es una lacra y hay que tener tolerancia cero. Dicho esto, considero que la corrupción está controlada. En la Administración central, he sido interventor, hay una normativa muy reglada y hay responsabilidades asignadas a cada fase del proceso. No digo que no haya habido, pero sin embargo en las autonomías y en los ayuntamientos el proceso no está totalmente desarrollado y no hay organismos de control.

 

“El precio no puede ser el factor determinante”

Aesmide nació en 1984 muy ligada a la industria militar y al Ministerio de Defensa, y progresivamente ha ido diversificando su cartera de contratos hacia la parte civil, que se ha convertido en la pieza más importante de su negocio. Integrada por 60 compañías, de las que dos tercios son pymes, la asociación, en palabras de Sánchez Revenga, trata de adecuar las necesidades de la Administración y las capacidades de las empresas.

“A las primeras les aconsejamos sobre cambios en los pliegos y a las empresas les decimos que acudan solas o en UTE”. Para el presidente de Aesmide, la resolución de los concursos públicos se ha ajustado en exclusiva a los precios. “Eso no es bueno. La mayoría de gestores coincide en que el precio no puede ser el único factor determinante. Eso perjudica a las empresas y a la Administración, porque cuando se le adjudica un contrato a una empresa y no puede continuar con el suministro porque el precio no le da, hay un proceso largo en el que el gestor prefiere continuar con la misma empresa, pese a que no preste el servicio con eficacia. Tiene que haber un equilibrio entre la parte técnica y el precio”.

Y entre la parte técnica destaca los ahorros que se pueden lograr con contratos de colaboración público-privada, como el de limpieza del Ejército, con un 20% menos de coste.

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