Una publicidad que refuerce la confianza
La dura denuncia hecha pública ayer por la CNMV contra las gestoras de fondos, a través de un comunicado en el que asegura haber detectado información engañosa e inexacta en las páginas webs de estas entidades, constituye una ofensiva para acabar con una mala praxis que vulnera la normativa sobre venta de productos financieros y que puede afectar al conjunto de la imagen del sector. Pese a que el organismo regulador no menciona directamente a ninguna entidad, el comunicado acusa a las gestoras de no cumplir con la legalidad, en concreto con el deber de contar con una publicidad “clara, suficiente, objetiva y no engañosa”. A ello hay que sumar que los datos ofrecidos sean “coherentes con respecto a la información contenida o que deba figurar en el folleto”.
Entre las prácticas concretas denunciadas por la CNMV figuran, por ejemplo, publicitar rentabilidades pasadas cuando la política de inversión del fondo ya ha cambiado, o aportar datos sesgados de rentabilidad. El organismo denuncia que algunas entidades únicamente difunden rentabilidades históricas correspondientes al último año o al año en curso o a varios años, aunque la normativa vigente establece que estos datos deben referirse como mínimo a los cinco años inmediatamente anteriores a todo el tiempo de vida del fondo y obliga a que esos periodos sean de 12 meses. Otra mala práctica es publicitar únicamente las ventajas del producto sin explicar los riesgos, así como destacar las rentabilidades pasadas y, en general, cualquier información poco clara sobre futuras rentabilidades del fondo.
Como reconocían ayer las propias gestoras, a través de Inverco, la decisión de la CNMV de atajar la publicidad engañosa o inexacta constituye una medida que resultará beneficiosa para el sector, dado que aumentará la seguridad jurídica, incrementará la confianza del cliente y mejorará la buena imagen tanto de los productos como de las propias entidades. La ofensiva del regulador se enmarca en la política de supervisión preventiva, es decir, de actuar sin esperar a que se produzca una denuncia concreta y de evitar la apertura de un expediente.
Esta ha sido la hoja de ruta de Elvira Rodríguez desde que llegó a la presidencia en octubre de 2012. Un estilo de regulación ágil y efectivo, que cuenta con la ventaja de permitir a las entidades corregir los incumplimientos en lugar de enfrentarse directamente a la imposición de una sanción. Pese a que con ello el regulador no diferencia entre cumplidores e incumplidores, se trata de una ofensiva necesaria para garantizar la transparencia y el estricto cumplimiento de la legalidad en un mercado en el que la información veraz y eficaz constituye la base de la confianza.