La estrategia de Rajoy para combatir la declaración soberanista
El choque entre el Gobierno central y el catalán parece inevitable. Ambos trenes circulan a toda velocidad hacia un mismo destino. Consciente de que no hay otra salida, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ya tiene preparada la estrategia jurídica y económica para frenar el proceso soberanista, que hoy comienza a las 10.00 horas con el debate en el Parlamento de la propuesta de resolución pactada por Junts pel Sí (JxS) y la CUP. Esta da el pistoletazo de salida hacia la independencia, justo cuando se cumple un año de la consulta alternativa del 9N, y horas antes del debate de investidura de Artur Mas.
Si no obedecen al TC, este multará o suspenderá a los empleados públicos responsables
Los 62 diputados de JxS y los 10 de la CUP garantizan la aprobación de la declaración, que exhorta al Gobierno catalán a adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la ruptura. Le pide que en 30 días tramite las leyes del proceso constituyente, de Seguridad Social y de Hacienda Pública y le insta a cumplir “exclusivamente” las normas emanadas del Parlament para blindarse frente a “las del Estado español”. Frente a esta iniciativa, el Ejecutivo ya ha diseñado el plan para combatirla. En primer lugar, la Abogacía del Estado recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) la resolución, con la petición de que suspendan cautelarmente todos los efectos de ese texto. “Se tiene que recurrir en el minuto uno, el Gobierno tiene que recurrirla y el Constitucional tiene que suspenderla y anularla”, exigió el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera. Previamente se reunirán de urgencia el Consejo de Estado para informar sobre el recurso y el Consejo de Ministros para aprobar el texto. El TC podría reunirse el miércoles para decidir si admite el recurso que presentará la Abogacía del Estado. Si lo hace se decretaría la suspensión inmediata del acuerdo del Parlamento.
Si tal y como han amenazado, el Ejecutivo catalán hace caso omiso a las resoluciones del Constitucional, el Ejecutivo baraja tres opciones: multas de 3.000 a 30.000 euros a autoridades, empleados públicos o a particulares; la suspensión en sus funciones de los empleados públicos responsables del incumplimiento o la ejecución sustitutoria de las resoluciones. Todos los focos apuntan a Carme Forcadell, presidenta del Parlamento catalán, que aseguró ayer “que llegará adonde sea para cumplir el mandato democrático de las urnas del 27S”.
¿Habrá hombres de negro?
En paralelo a la vía jurídica, el Gobierno cuenta con otras armas para poder obligar a Cataluña a acatar legislación vigente. Se trata de la vía económica y la aplicación de las medidas coercitivas que incluye la Ley de Estabilidad Presupuestaria, tal y como remarcó esta misma semana el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
La Ley de Estabilidad contempla varias opciones, de menor a mayor graduación por el incumplimiento sistemático de, entre otras obligaciones, de los objetivos de déficit pactados. Así, el Gobierno puede, en virtud del artículo 25 de esta norma, aplicar desde la retención de créditos a multas coercitivas a las autonomías. En última instancia podría acordar el envío de una “comisión de expertos”, bajo la dirección del Ministerio de Hacienda, lo que algunos denominan “los hombres de negro”, para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada, quienes pueden reclamar cualquier información sobre las partidas de ingresos y gastos. Fuentes del Ejecutivo precisaron, no obstante, que la aplicación de esa medida sería ya en una situación extrema.