Quiere blindar por ley el gasto social

Las claves de la nueva Constitución que propone el PSOE

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

La España de 2015 no es ya la de 1978”. Desde esas dos fechas han transcurrido 37 años en los que no se han producido, según los socialistas, “reformas parciales para irla adecuando a las necesidades y requerimientos de los tiempos nuevos”. Por este motivo, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, presentó ayer su propuesta de reforma constitucional basada en cuatro ejes:garantizar con suficiencia los derechos fundamentales, singularmente los derechos sociales básicos; la falta de instituciones y mecanismos “que no cubren de manera adecuada los objetivos del Estado democrático; un nuevo modelo territorial que mejore la convivencia entre españoles, y un refuerzo de la vocación europeísta, más social y dedicada a la integración.

Estabilidad presupuestaria

Entre las propuestas económicas, los socialistas quieren incluir la reforma del Artículo 135, que regula el principio de estabilidad presupuestaria. Aunque en primera instancia abogaron por la abolición del artículo, la propuesta ha sido matizada posteriormente y finalmente solo reclama la fijación de condiciones de salvaguarda para la estabilidad social. “Con criterios de sostenibilidad, que aseguren en la distribución del gasto público un nivel adecuado y suficiente de financiación de los servicios y prestaciones sociales”. Dicho de otra manera, que el gasto en sanidad, educación o dependencia no se vea sometido a la arbitrariedad de los Presupuestos y que disponga de una asignación fija por ley.

Renta mínima

Quiere que los decretos se tramiten como proyecto de ley si lo solicita una minoría cualificada

El documento también propone que se reconozcan por ley el derecho a la protección de la salud y ante la Seguridad Social en casos de necesidad, entre las que incluye el reconocimiento “del derecho a una renta o ingreso mínimo vital ante situaciones de carencia efectiva para el mantenimiento de una vida digna”. Un enunciado demasiado ambiguo y poco concreto, lejos de propuestas como las de Podemos, que ha fijado en su programa electoral una ayuda fija de 600 euros para personas sin ingresos y un complemento para quién cobre menos de 900 euros. Ambas tendrían un coste de 16.000 millones al año.

Desahucios y despidos

La Constitución ya reconoce expresamente el derecho a la vivienda, pero no recoge situaciones excepcionales surgidas en años posteriores como los desahucios. Entre 2012 y 2014, cerca de 100.000 personas perdieron su vivienda. El texto presentado por el PSOE aboga por prever “obligaciones concretas para los poderes públicos, especialmente en casos de desahucio”.

Los socialistas también plantean mejorar la protección frente a los despidos, “incluyendo una referencia expresa al derecho a la tutela judicial en caso de despido injustificado”.

Aforamiento, primarias y reguladores

El documento reserva un espacio concreto para tratar de calmar el descontento generalizado de la ciudadanía ante la generalización de la corrupción y la falta de independencia de algunos organismos reguladores. En el primer caso realizan tres propuestas dirigidas a fortalecer un pacto con los ciudadanos: que todos los decretos sean tramitados como proyecto de ley urgentes si así lo solicitara una minoría cualificada, limitar el aforamiento de parlamentarios y suprimir la inmunidad parlamentaria; incrementar la proporcionalidad del sistema electoral y fijar un sistema más independiente para el nombramiento de los altos cargos de organismos constitucionales y reguladores. En el caso del Tribunal Constitucional, el texto limita al Senado y al Congreso la competencia exclusiva para el nombramiento de sus altos cargos.

Pena de muerte y laicidad

El PSOE considera que hay que ampliar el catálogo de derechos fundamentales blindados en la actualidad por la Constitución. Entre ellos destaca una mención “expresa y específica” a la igualdad entre hombres y mujeres, la eliminación de la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona, la abolición de la pena de muertes (incluso para tiempos de guerra) y actualizar y consolidar el principio de laicidad, “incluyendo el sometimiento de los representantes públicos al principio de neutralidad religiosa en sus actuaciones”. También propone que la Constitución recoja el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.

Un nuevo pacto territorial

Los socialistas consideran fundamental redefinir el Estado de las autonomías, con una estructura territorial de carácter federal. También abogan por una reforma integral del Senado, con el fin de redefinir sus actuales funciones, y fijar por ley el principio de lealtad federal entre el Estado y las comunidades autónomas.

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